Tras iniciar un proceso judicial a través de una querella a fines de diciembre, la causa comenzada por la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, por supuestas "presiones" en la revisión de proyectos mientras ejercía en el cargo ya tiene sus primeros avances.
De acuerdo a información de La Tercera, la fiscal Patricia Cerda, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con una semana a cargo de la causa, ya instruyó a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la Policía de Investigaciones (PDI) a la realización de las primeras diligencias para esclarecer los hechos.
Fuentes del proceso declararon que ya se ordenó a efectivos policiales la pericia de mails y WhatsApp que la otrora seremi de Desarrollo Social acompañó como "pruebas" y se hizo un acucioso análisis de su teléfono celular. Asimismo, se le tomó declaración a Hidalgo.
En medio de la denuncia, donde Hidalgo declaró deben investigarse presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno, la otrora autoridad aseguró que a través de esos diferentes mensajes, actuales autoridades de Gobierno y sus respectivos representantes incurrieron en "instrucciones ilegales" para que ella adoptara una postura determinada en cada caso.
"Hubo ilegalidades e irregularidades administrativas, en que existió una intromisión indebida en las facultades de los servicios que forman parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, con el objeto de favorecer la aprobación o rechazo de determinados proyectos, fuera del marco legal", detalla el texto de la querella.
Esto, "por parte de los niveles centrales de algunos ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Medio Ambiente, así como del nivel regional, específicamente de la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez Gil, y su jefe de gabinete, Miguel Concha", agrega.
Las anomalías se habrían presentado en el análisis del Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. Pero también, habría enfrentado una situación similar respecto del proyecto de Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II de Ñuñoa, y en el caso de la Concesión Américo Vespucio Oriente II Tramo Príncipe de Gales-Los Presidentes.
Desarrollo Social presentó el informe que les fue solicitado ante
Contraloría, por lo cual, el ente fiscalizador está analizando los pasos a seguir. Les corresponde analizar una eventual infracción al principio de probidad administrativa.
Si bien las acusaciones de Patricia Hidalgo generaron inmediatas reacciones en la esfera política, en lo penal, hubo que determinar las competencias del 2° Juzgado de Garantía de Santiago para pronunciarse, ya que fue ahí donde en primera instancia la ex autoridad ingresó la mencionada querella.
Tras el estudio de los antecedentes relatados por la ex seremi, se determinó que los supuestos delitos denunciados se habrían producido mientras ésta realizaba actos propios de su cargo, en las oficinas de la Seremi ubicada en Catedral N°1575 en la comuna de Santiago, o en el lugar donde sesiona la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, también en esa comuna.
Por tanto, la jueza Claudia Pizarro declaró la incompetencia de dicho juzgado y ordenó la remisión de los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía, para que fuera esa entidad quien se pronunciara respecto del caso.
"Lo que hicimos fue poner a disposición los antecedentes de lo que viví en las instancias que corresponden, en tribunales y en Contraloría", afirmó Patricia Hidalgo al ser consultada por el avance de la investigación.
"Yo confío plenamente en las instituciones y lo más importante para mí es que se llegue a la verdad de lo que podría estar ocurriendo, especialmente porque se puede afectar de manera negativa al medio ambiente y la calidad de vida de las personas", añadió Hidalgo.
"Responsablemente puse los antecedentes a disposición y serán las instituciones pertinentes las que se tengan que pronunciar", concluyó.
