Fue a mediados de enero de este año cuando el alcalde de la Municipalidad de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que tras una investigación de la fiscalía y en medio del plan de recuperación de barrios, la casa edilicia cursó una orden de demolición para cinco viviendas calificadas por el Ministerio Público como "caletas de narcotraficantes", o "narco-casas" como se les ha llamado con el tiempo.
A la fecha, ya son tres los operativos que se han concretado en la comuna. El primero se efectuó el 9 de febrero, aunque con un procedimiento atrasado producto de que un grupo de personas impidió el desarrollo.
Ese día, el jefe comunal argumentó que ello se trataba de un "modus operandi". "Usualmente se mandan mujeres y niños para evitar la demolición", sostuvo. Ahora bien, en la instancia se desplegó el departamento de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del municipio y el alcalde indicó que "tenemos un vehículo para trasladarlos y no exponerlos, pero la decisión está tomada: vamos a demoler".
Dos semanas más tarde se llevó a cabo un segundo operativo y a inicios de marzo un tercer procedimiento. Lo cierto, es que la determinación que ha tomado la municipalidad de La Florida poco a poco ha ido generando partidarios -aunque también hay quienes han manifestado cuestionamientos-.
Tras la tercera demolición de una "narco-casa", la comuna de Calama, ubicada en la región de Antofagasta, también anunció que se sumaría a la iniciativa. "Con el objetivo de reforzar la seguridad y la percepción de seguridad, hemos decidido tomar varias acciones: la recuperación de espacios públicos, además de la intervención de inmuebles utilizados para el microtráfico, y que han sido adaptados para estos delitos, y para lo cual ya tenemos el decreto municipal para ello", dijo el alcalde Eliecer Chamorro.
Este lunes, en Puerto Montt también desarmaron una casa que era presuntamente ocupada por traficantes y drogadictos. "Llevamos ocho meses con este pelea por el consumo de drogas. La semana pasada me contacté con la duela de la casa y optó por conversar. Tras ello, se asomó el tema del desarme de la casa, lo que se hizo desde hoy (ayer)", relató Jorge Soto, vocero de la junta de vigilancia de Alerce Histórico, según consignó El Llanquihue.
Como el tema se situaba en el centro del debate, algunos personeros fueron consultados al respecto. El ministro de Justicia, Luis Cordero, por ejemplo, aseveró a Meganoticias que la estrategia de Cárter "ha sido jurídicamente ingeniosa".
"El Ministerio de Justicia no tiene competencias en este tipo de cosas, por lo tanto, y aquí voy a adelantar una opinión desde el punto de vista como profesor de Derecho, probablemente lo que el alcalde está utilizando son atribuciones que le entrega la ley general de urbanismo y construcción para demoler edificaciones que no están regularizadas o que no tienen permiso de edificación y que, de hecho en materia urbanística, es una de las áreas donde el Estado tiene poder más fuertes, y una de ellas es la demolición", sostuvo.
Y reiteró que el jefe comunal y su equipo legal "encontraron una manera ingeniosa de abordar este tema".
Los dichos del secretario de Estado fueron valorados por Carter. Según expuso "el ministro Cordero entiende que el delito y las víctimas no son ni de derecha, ni de izquierda".
Recientemente, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, evaluó positivamente la iniciativa. En conversación con Radioanálisis, precisó que "veo con buenos ojos lo que está haciendo el alcalde Carter, independientemente de su postura política". De todos modos, agregó que no es la única acción que se puede emprender para afrontar el narcotráfico.
Una apreciación similar mostró el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic. En su cuenta oficial de Twitter, publicó un video en el que acotó: "Yo ayer en un medio de comunicación yo decía frente a la pregunta de un periodista, que si yo fuera alcalde, yo por supuesto que decretaría la demolición de casas ilegales, o sea, de ampliaciones ilegales que están fuera de la norma (...) porque cuando un narcotraficante se construye una casa con dos, tres o cuatro pisos, eso es un monumento a la impunidad".
"Entonces, cuando digo que hay que derribar esas casas, lo que digo es que hay que ir de frente contra la impunidad, porque pareciera ser que estos señores son intocables, que están sobre la ley, que pueden hacer lo que quieran a vista y paciencia de todo el mundo y que todo quede impune. Entonces, desde ese punto de vista lo que yo he dicho es que nosotros ya aprobamos una ley anti narco que es resolver el tema con soluciones de fondo, pero en paralelo, los alcaldes tienen que hacer también las atribuciones que tienen. Cada uno tiene que cumplir su rol", sentenció.
Por último, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se ha referido al tema, aunque con más reparos. "Demoler una casa es muy significativo para quienes viven en el barrio, porque es sinónimo de delito y temor, y resuelve esa sensación de temor, pero esa organización criminal va a comprar otra casa", dijo a Radio Cooperativa.
Por lo tanto, añadió que "la pregunta es si resuelve el problema. Yo diría que es más efectista que efectivo en el marco del problema global del país".
