El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra
Roberto Campos -profesor conocido por romper un torniquete de una estación de Metro durante el estallido social- y
Fernanda Torrealba, y contra quienes resulten responsables en calidad de autores del delito de daño a Monumentos Nacionales.
Esto, por los rayados realizados en la fachada de la Iglesia y Convento de San Francisco, ocurrido la madrugada del 16 de abril, "afectando con ello a un Monumento Histórico de la ciudad de Santiago", indicaron desde el organismo.
La acción del Consejo,
presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se funda en los hechos ocurridos hace un mes, "donde alrededor de siete personas se ubicaron por la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, al costado de la Iglesia, para efectos de realizar rayados y grafitis, dejando diversas consignas y dibujos".
"Estos actos que habrían quedado registrados en diversas imágenes difundidas por internet y medios de comunicación, fueron alertados por funcionarios de Carabineros, quienes acudieron al lugar y lograron detener a dos de los individuos que estaban cometiendo el ilícito, los que fueron dirigidos a la Primera Comisaría de Carabineros de Santiago", remarcaron desde el organismo.
Al respecto, la querella del CDE señala que "el actuar de ambas personas imputadas, además de los restantes responsables -cuya identidad se deberá establecer en el trascurso de la investigación-, efectuando rayados a la estructura de la Iglesia y Convento de San Francisco, constituye el delito consumado de daños y afectación al Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico".
En ese contexto, y en el ámbito de sus atribuciones legales, "el Consejo de Defensa del Estado interpuso la respectiva querella criminal, considerando que los hechos señalados constituyen un grave daño al patrimonio histórico del país".
Ayer, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Roberto Campos Weiss por el delito de daños al interior de la estación de Metro San Joaquín, en el contexto del estallido social. La instancia judicial consideró por acreditada su participación en la destrucción de un validador, y la lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 22 de mayo.
