Un oficio a la mesa del Consejo Constitucional pidiendo la realización de una consulta indígena, envió el único representante de los pueblos originarios en la instancia Alihuén Antileo, argumentando que el texto que deliberará el nuevo órgano "afectará directamente a los pueblos indígenas reconocidos por ley".
Además, Antileo solicitó que se oficie al Ministerio de Desarrollo Social para que "se pronuncie acerca de la procedencia jurídica" de dicha consulta indígena.
Al término del primer pleno del Consejo donde hoy se dio cuenta su petición, Antileo explicó que "se trata de un proceso de participación diferenciado que contempla nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que algún órgano del Estado adopta una medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y este es el caso. Hay a lo menos dos o tres normas que van a incidir en la vida y en el desarrollo de los pueblos indígenas, por tanto, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, actualmente vigente, procede la realización del proceso de consulta".
Según el consejero indígena, lo que corresponde es que la mesa se pronuncie de su admisibilidad y posteriormente, en caso de que así lo considere lo remita al Ministerio de Desarrollo Social, y sus reparticiones, para evaluar la procedencia el mismo. "Sí lo acepta, llevar adelante la consulta indígena en plazos acotados (...) porque sino no se alcanza", precisó.
Con ello, Antileo sostuvo que la consulta debería ser "obligatoria, porque el tratado está plenamente vigente en Chile, parte de nuestro ordenamiento en Chile y se toma como antecedente el primer proceso de Convención, donde también se realizó un proceso de consulta. Por tanto, en esta oportunidad procede también realizarlo".
De no hacerse, dijo el consejero que el Estado se arriesga "al no cumplimiento de sus obligaciones internacionales, por tanto, es altamente probable que parte del movimiento indígena y organizaciones mapuches soliciten un pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos de la OIT y lo más probable es que también recurran a tribunales internacionales".
Ante la pregunta si además el no efectuar una consulta invalidaría el proceso para los pueblos indígenas, Antileo contestó que para ellos "sí tendría esas características, sería un golpe duro a la participación de los pueblos indígenas. La consulta es una demanda de varias décadas del movimiento indígena, que no se realizara sería un revés serio a la participación", añadiendo que "es la legitimidad del proceso lo que se busca resguardar, ese objetivo es el que se busca con la realización de la consulta indígena".
Mesa evaluará petición
Consultado respecto al tema, el vicepresidente Aldo Valle (IND-PS), comentó que "el sentir de lo diversos actores del proceso constitucional es ampliar, profundizar la participación y vamos a evaluar precisamente cómo podemos dar más continuidad en el tiempo y ciertamente en los instrumentos de participación y cómo ningún sector de la comunidad nacional se quede afuera".
Sobre la consulta indígena, Valle precisó que "nosotros vamos a evaluar eso, hemos quedado con la tarea de discutirlo, porque claro no está considerado en el reglamento, pero tenemos derecho como pleno del Consejo a evaluar cuál va a ser nuestra reacción y cuáles van a ser nuestras posibilidades y límites al respecto".
