En medio de la crisis de seguridad que afecta al país, se han registrado distintos hechos de violencia; la mayor parte de ellos, según aclaran los expertos, tiene relación con el interés económico detrás de actos que terminan con extorsión u homicidios, además de los "ajustes de cuentas" entre miembros de distintas organizaciones.
En esa línea, es que también se han reportado, hace ya un buen tiempo, acciones vinculadas al sicariato; esto es, el pago a alguien dispuesto a dar muerte a una persona para conseguir un objetivo específico o un bien, y no son pocas las ocasiones en que el no pago de arriendos han sido un móvil para estos hechos.
Si bien aún se investigan las causas del hecho, el caso de un cuerpo descuartizado que se encontró hace dos semanas en distintos puntos de Santiago habría estado asociado al no pago de un arriendo, según el testimonio entregado por un amigo de la víctima fatal.
De hecho, tras los allanamientos que realizó la policía, se logró la detención de siete sujetos, y el pasado martes, la Fiscalía logró formalizar a tres personas por diversos delitos; no obstante, adelantaron que reformalizarían a uno de ellos como presunto autor del crimen. Este lunes se concretó la formalización por homicidio, y se invocaron las circunstancias de alevosía y ensañamiento.
El pasado 4 de febrero, se conoció que un arrendatario de nacionalidad extranjera -quien se mantenía de forma regular en el país-, asesinó de un disparo en el pecho, al dueño del inmueble donde residía en Recoleta, luego de que éste le fuera a cobrar el dinero que le debía.
En tanto, el 5 de abril, la misma jornada en que sujetos dieron muerte al cabo Daniel Palma en el centro de Santiago, ocurrieron hechos previos asociados a una cobranza por arriendo. Según se conoció, fue a eso de las 21.00 horas, cuando un grupo de al menos tres sujetos llegó hasta un cité ubicado en Arturo Prat con Coquimbo para cobrar el arriendo impago de una habitación.
Sin embargo, como no lograron su cometido, decidieron abrir fuego, dejando al menos veinte casquillos de bala en las cercanías. Según los datos que reveló El Mercurio, tras acceder a la carpeta de investigación del caso, distintos fenómenos en cités de Santiago rodearon el homicidio del funcionario. Disputas entre ciudadanos extranjeros para el control de propiedades y el cobro de arriendos de piezas. Posteriormente, la fiscalía confirmó que Carlos Cortez, uno de los involucrados en la muerte del funcionario policial, había trabajado antes para el Tren de Aragua.
A todo este escenario, se suman los distintos desalojos que ha iniciado la municipalidad de Santiago contra casas tomadas, procedimientos que han dejado incautaciones de droga y armas. En abril, la alcaldesa Irací Hassler, ya había señalado respecto a estos procedimientos que "hemos puesto foco en recuperar las casas tomadas en comisión de delito porque vemos que estas casas tomadas están directamente relacionadas a control territorial que hay en los barrios, e incluso, a hechos tan graves como los homicidios", agregó
En conversación con Emol, expertos en criminalística analizan los factores que podrían incidir en la violencia que se registra en los ajustes de cuentas asociados a los cobros de arriendos, y las externalidades negativas que pueden sufrir quienes viven en zonas con mayor densidad habitacional, hacinamiento, o tomas.
¿Hay vínculo con el crimen organizado?
Mauricio Valdivia, ex jefe de análisis criminal del OS-9 y doctor en sicología forense, plantea a Emol que "el crimen organizado hoy día es transversal a toda actividad donde se generen recursos; se mezclan drogas, prostitución, armas, y en ese sentido, el tema del secuestro, sicariato o extorsión, son herramientas del mismo, y eso lo van a usar tanto en el narcotráfico como en cualquier otra temática asociada"
En esa línea, el experto sostiene que efectivamente "
hay gente que tiene necesidad de ocupar un espacio, y en ese espacio, justamente, el arrendar pasa a ser parte del crimen organizado (...) Pero ese crimen organizado tiene vínculos con otras mafias que se dedican al narcotráfico y la importación ilegal".
Es más: Valdivia advierte que el poder del dinero "no sólo permite comprar vidas, sino que también conciencia, y cuando esto ocurre, cae la política, la justicia, la policía, y ya eso es complejo".
El experto dice que lamentablemente, "siempre puede haber una persona extranjera que esté en los últimos niveles dentro de la sociedad, por eso es tan importante no dejar que siga creciendo la migración ilegal; porque esa ilegalidad involucra ausencia de condiciones mínimas de sobrevivencia, y hay algunas personas que han tenido sólo como opción la violencia para hacer frente a la vida".
Expertos se inclinan por "violencia generalizada"
Una mirada distinta tiene la experta en crimen organizado y seguridad de la USS, Pía Greene, quien comenta que este tipo de hechos están más bien asociados al "peak de violencia que vive Chile por miles de razones, y dentro de esto, se han importado nuevas formas de delito, y hoy la sensación y realidad es que tenemos delitos más violentos".
"Lo que sí ha pasado con la migración es que el mercado de los arriendos ha variado, y en general, como las personas migrantes no tienen como acreditar ingresos o contratos, no tienen acceso a arriendos formales, y finalmente terminan pagando precios más altos y muchas veces sus arrendadores o nexos, no son quienes precisamente se dediquen al corretaje de propiedades".
Carlos Silva, criminólogo y académico UNAB
No obstante, aclara que "si antes estas cosas terminaban a los gritos o a los combos, hoy pueden terminar a bala, pero por ningún motivo lo relaciono a la inmigración, en esto hay que ser cuidadoso (...) creo que es parte de la crisis de seguridad que estamos viviendo y la violencia con la que se están viviendo todos los crímenes, que es mucho más alta que antes".
Por su parte, Carlos Silva, criminólogo y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAB, coincide en que este tipo de hechos están más asociados al aumento de la violencia en el país y en las formas de comisión de ilícitos y que no se debe atribuir necesariamente a arrendatarios morosos que estén en condición de migrantes.
"Lo que sí ha pasado con la migración es que el mercado de los arriendos ha variado, y en general, como las personas migrantes no tienen como acreditar ingresos o contratos, no tienen acceso a arriendos formales, y finalmente terminan pagando precios más altos y muchas veces sus arrendadores o nexos, no son quienes precisamente se dediquen al corretaje de propiedades", explica.
De todos modos, comenta que efectivamente pare ser una tendencia "nueva" que los no pagos de arriendo terminen en muerte por este tipo de "cobros" violentos, sumado a las externalidades negativas que ocurren en los barrios o a las personas que no están vinculadas a este tipo de situaciones.
"De partida, cae la plusvalía de las viviendas, y además se producen situaciones que tienen que ver con la degradación de la ciudad, y eso viene dado porque si en una casa habían seis personas, ahora eso se arrienda para seis familias. Es imposible pensar que no habrá afectación a la convivencia cuando se aumenta sin límites la densidad de ocupación de un espacio", cerró.
