Siete capítulos tiene la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que será ingresada este lunes por las bancadas de los partidos de oposición. Libelo en que se apunta al titular del Mineduc por inacción ante la crisis del sistema educativo, de cometer infracciones al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entre otros puntos.
En el primer capítulo, los diputados abordan una eventual infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las "Jornadas de Educación No Sexista". Al respecto, se cuestiona que se hable de una lógica de "alfabetización en la sexualidad", la cual alegan que no respeta la diversidad de proyectos educativos y el derecho preferente de los padres de escoger la educación que quieran para sus hijos.
En el segundo capítulo apuntan a la misma infracción ante la implementación de las "Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile".
El capítulo tercero, en cambio, plantea una infracción de la Ley general de educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la "Política de educación inclusiva" del Ministerio de Educación. Ante esto, se cuestiona la omisión a los estudiantes con discapacidad, enfocándose en aquellos asuntos de diversidad o identidad sexual, coherente con la priorización anterior. De esta forma, se argumenta que esto contraviene importantes normas y principios en materia de inclusión en el sistema educativo, además de contradecir el principio de no discriminación arbitraria, consagrado en el Artículo 19 Número. 2 de nuestra Constitución y en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.
En el capítulo cuarto, se denuncia una infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo, aludiéndose a temas como un inédito ausentismo y deserción escolar; graves hechos de violencia en distintos establecimientos; un retraso injustificado en entregar los resultados del Simce; un incumplimiento de la obligación de informar al Congreso Nacional el estado de avance de la estrategia nacional de educación pública; deficitarias condiciones de infraestructura en la red de escuelas, colegios y liceos y magros resultados en el proceso de implementación de los servicios locales de educación y en su funcionamiento.
Por ejemplo, se da cuenta de que la tramitación del proyecto de ley de subvenciones de reingreso no presenta avance ni urgencia. Asimismo, en infraestructura educativa, se indica que se comprometió un catastro para el segundo semestre del 2022 con un presupuesto de $3.400 millones de pesos, y hasta acá solo llevamos un proceso de licitación fallido, que no ha sido repuesto. Con ello, se señala que se asignaron el año 2022, $50.395 millones sin foco ni priorización.
En calidad educativa, se alega que no existe una política respecto de las escuelas con rendimiento deficiente, junto a la intención de recortar significativamente el presupuesto de los liceos Bicentenario, entre otros puntos.
El capítulo cinco plantea además un incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre "educación no sexista" en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público, contraviniéndose -acusan- los contratos que adjudicaban la adquisición de los materiales entregados y que preveían páginas adicionales para incorporar información sobre el plan contra la obesidad.
El capítulo seis está dedicado a otro incumplimiento de la Junaeb, esta vez en relación a los programas de "Alimentación Escolar" y de "Alimentación Parvulario", los cuales proveen de alimentación a escolares de todo el tramo formativo. Según el texto se vulneran importantes normas sobre contratación pública y uso eficiente y eficaz de recursos públicos.
La acusación fundamenta como la Junaeb "ha transgredido la ley solicitando la prestación de raciones de alimentos por montos superiores a 1.000 UTM, sin realizar un llamado a licitación pública ni justificar su contratación mediante un trato directo. Además, se alude un mal manejo de recursos públicos por montos superiores a los $40 mil millones de pesos. La acusación también explica como la Junaeb ha realizado pagos por servicios licitados en dos procesos de licitación, los cuales no se realizaron finalmente. Se estima que los montos involucrados podrían superar los $70 mil millones de pesos".
Finalmente, el capítulo siete apunta a un incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública por "graves negligencias e inejecuciones" en la implementación de los Servicios Locales de Educación.
