El representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, solicitó al 8º Juzgado de Garantía de Santiago que se le dé la "calidad de imputado" en la investigación que instruye el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, por eventuales delitos de fraude al fisco, malversación de caudales y tráfico de influencias, luego de que los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval presentaran la semana pasada una querella en que se lo alude directamente.
Andrade, que además era la pareja de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, está en el centro de las pesquisas de los investigadores por las transferencias de recursos públicos recibidas, mediante tres convenios suscritos por el exseremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras, que sumaron $426 millones, cuyo uso y rendición aún no está claro.
Todos los involucrados militan en Revolución Democrática (RD), perteneciente al Frente Amplio, uno de los principales bloques de apoyo del Presidente Gabriel Boric.
"Atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona", se lee en el escrito que Andrade ingresó al tribunal.
Y, en el mismo texto, se consigna que "debido a que, en mi calidad de representante legal y presidente de la fundación sin fines de lucro denominada ‘Democracia Viva’, suscribí, entre los meses de septiembre y octubre del año 2022, con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta (Seremi Antofagasta) y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta (Serviu Antofagasta), tres convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria y diagnósticos socio territoriales y planes de intervención de diversos campamentos ubicados en la ciudad de Antofagasta, por este acto solicito a US. que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales".
Autoriza revisión de aparatos tecnológicos
Junto con ello, el representante de Democracia Viva ofrece una serie de evidencias y autoriza la revisión por parte de la fiscalía de "todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación".
Asimismo, añade que permite, "de forma expresa, el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas bancarias que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones".
Consultado por el caso, el abogado Sergio Rodríguez, que representa a los diputados republicanos, explicó: "Dada la trascendencia del caso, los montos involucrados, el sinnúmero de organizaciones involucradas, la época durante el cual se ejecutaron las conductas y el destino de los dineros y actividades, se han presentado querellas en Santiago y se inició de oficio una investigación en Antofagasta, lo lógico es que el fiscal nacional haga uso de la facultad que le otorga su ley orgánica y asuma directamente la investigación".
"Se trata de un caso de corrupción masiva —agregó el profesional—, en distintas regiones, con participación de altos funcionarios públicos y al menos una diputada. Caso que, además, afecta directamente a un partido de Gobierno. Una defraudación pública nunca antes vista en monto, no puede sino ser investigada por la máxima autoridad, único modo de obtener absoluta independencia y autonomía".
Tribunal deja competencia en Antofagasta
Paralelamente a esta diligencia, algunos intervinientes en la investigación discuten si el principio de ejecución del delito de posible fraude al fisco está en Santiago o en Antofagasta.
El 8º Juzgado de Garantía de Santiago ya aportó un criterio en este sentido y se declaró incompetente.
Dijo en su resolución que "el Convenio de Transferencia de recursos entre Seremi-Serviu Antofagasta y la Fundación Democracia Viva se suscribió en la ciudad de Antofagasta, según consta de resolución Exenta N° 576 del Serviu Antofagasta, de fecha 27 de octubre de 2022".
Y que "la celebración de aquel convenio viene a constituir el principio de ejecución del presunto delito, toda vez que consiste en un hecho directo, como lo exige el artículo 7° inciso final del Código Penal, en tanto que la reunión a que se alude en la querella, que se habría celebrado telemáticamente desde las comunas de Ñuñoa y Antofagasta, solo consiste en un acto preparatorio, al no ser un hecho relacionado directamente con los delitos atribuidos".
Así, por esas y otras consideraciones, el juzgado decide: "Me declaro incompetente para conocer de la querella interpuesta", por lo que determina que se "pasen los antecedentes al juzgado de Garantía de Antofagasta por corresponderle su conocimiento y resolución".
Por estos hechos, la diputada Pérez se autosuspendió de la vicepresidencia de la Cámara y el Presidente Boric pidió la renuncia de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, quien reconoció en los últimos días haber estado al tanto desde mayo de las eventuales irregularidades en los convenios de Democracia Viva.
