La Fiscalía de la Región de Atacama anunció que se iniciará una investigación por posibles delitos en los convenios suscritos entre la Fundación Comprometidos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La indagatoria surge a raíz de que Sofía Cid, diputada de Renovación Nacional (RN), presentó una denuncia luego de que se supiera que la ONG recibió $190 millones para entregar agua en los campamentos de Copiapó.
Sin embargo, las sospechas sobre esta nueva fundación se deben a que su giro de actividades original era de "actividades en producción de películas cinematográficas" y "actividades de clínicas veterinarias", según registros en el Servicio de Impuestos Internos (SII) que datan de 2019 y 2020.
No obstante, en marzo de este año la organización cambió radicalmente de giro cuando, de acuerdo a la información tributaria del SII, se añadieron dos actividades económicas: "asistencia social" y "fundaciones y corporaciones".
De esa manera, Comprometidos se adjudicó un convenio de colaboración con la Seremi del Minvu de Atacama para una colaboración para el plan piloto de "gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II" por un total de $128 millones, cifra que llegaría a $190 millones en mayo.
Este viernes, el fiscal regional de Atacama, Christian González Carriel, señaló que "hemos recibido una denuncia de la diputada señora Sofía Cid, para que se investiguen los hechos que han sido conocidos públicamente a través de distintas entidades de prensa y televisión, que involucraría a algunas reparticiones públicas con corporaciones de derecho privado y los convenios suscritos".
"La denuncia formulada por la diputada Cid no viene por un delito determinado ni es contra una persona determinada, sino que es para que se investiguen los hechos. Nuestra obligación constitucional y legal es iniciar una investigación para determinar si en estos hechos hubo o no delitos, y en el evento de haber delitos, si hay responsables de los mismos", acotó el persecutor.
