Pese a las críticas, el Gobierno informará durante esta jornada la nómina de personas que conformará la comisión asesora contra la desinformación. Serán nueve expertos -que no recibirán remuneraciones- designados por el ministro de Ciencias con previa consulta a la Secretaría General de Gobierno.
Específicamente, será constituida por dos representantes de universidades estatales, dos de planteles privados y uno de una institución fuera de la Región Metropolitana. A ellos se sumarán tres miembros de una ONG, fundación o de la sociedad civil relacionada al tema y una persona de una organización de chequeo de datos (fast checking). Éstos durarán un año en el cargo y podrán ser reelegidos.
El Ejecutivo decidió seguir adelante con la conformación de esta instancia a pesar de los cuestionamientos sobre un posible atentado a la libertad de expresión y un perjuicio para la democracia tanto por fuerzas políticas, expertos e incluso la Sociedad Interamericana de Prensa. Entre algunas voces críticas, le pidieron al Ejecutivo
"echar pie atrás" a la iniciativa.
La ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la titular de Ciencia, Aisén Etcheverry, comparecieron ante la comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados para esclarecer el objetivo de la comisión asesora, sin embargo no convencieron a las fuerzas opositoras.
Vallejo aseguró que la desinformación "está afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión". Asimismo, indicó que "cuando tenemos este fenómeno el llamado es poder abordarlo con seriedad y no eludir este debate porque está afectando a las democracias, a la ciudadanía y el acceso a la información".
Por su parte, Etcheverry respaldó que "esta es una comisión que trabaja sobre conceptos teóricos, su función no es definir qué es verdad y qué no es verdad, no es referirse a casos particulares. La idea es comprender un fenómeno social, cómo ocurre, qué significa y cuál es la experiencia en Chile. Esta es una comisión asesora y experta, bajo ninguna circunstancia se va a referir a casos particulares".
Críticas
La defensa de las ministras no fue suficiente para que la oposición se abriera a apoyar la comisión contra la desinformación. Gustavo Benavente (UDI) señaló que "lo más grave es el propósito de esta comisión, aquí podemos estar en presencia de un nacimiento de un nuevo gran hermano que nos va a determinar qué es verdad y qué es mentira, qué información es engañosa o qué información puede producir un perjuicio público, quedamos con dudas y esto se ve muy oscuro".
Asimismo, Mauricio Ojeda (Republicano) señaló que “lo concreto es que puede ponerse en tela de juicio qué es verdad y qué es mentira, la democracia puede verse fracturada. Es algo tremendamente arriesgado. La solicitud es que no tenga sesgo políticos (…) quiero advertir que esta es una línea muy delgada, propone dilucidar qué es verdad y qué no es verdad y puede poner en riesgo la libertad de expresión”.
