No serán días fáciles para el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien tendrá que enfrentar esta semana la votación de la acusación constitucional en su contra considerando, entre otras cosas, que el escenario político no juega a su favor.
El escándalo por el Caso Convenios, si bien no afecta directamente su cartera, ha desestabilizado al Ejecutivo en su conjunto, el que ha tenido que enfocar sus esfuerzos en esclarecer y responder ante posibles irregularidades en el traspaso de recursos a fundaciones.
A esto se le suma el listado de críticas que ha recibido el titular de Educación por parte de parlamentarios de oposición. Cuestionando la agenda de sexualidad afectiva y género, el trabajo que está desarrollando la cartera para enfrentar la brecha educacional producto de la pandemia, la crisis de seguridad y violencia al interior de los establecimientos educacionales y otros ejes que se encuentran en el líbelo acusatorio.
Este lunes, la comisión revisora - integrada por Tomás Hrisch (Acción Humanista), Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (IND-PPD), Miguel Ángel Becker (RN) y Gloria Naveillán (IND) - recibirá las últimas audiencias para determinar si la acusación constitucional aplica o no.
Posteriormente, el miércoles se someterá a votación en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Para que la acusación prospere se requiere de la mayoría simple.
En un conteo preliminar Chile Vamos y el Partido Republicano actuaría como un solo bloque (23 UDI, 23 RN, 4 Evópoli, 12 Partido Republicano), sumando 62 votos. Sumado al diputado Gonzalo de la Carrera (IND), Karen Medina (PDG), Francisco Pulgar (PDG) y al menos seis de los siete miembros de la bancada Social Cristiana e independientes, entre ellos las impulsoras de la acusación constitucional Francesca Muñoz y Sara Concha.
Con este escenario, la acusación contra Ávila tendría el respaldo de 71 diputados, mientras que el oficialismo cuenta con 63 parlamentarios, descontando a la diputada Catalina Pérez (RD) que presentó licencia médica hasta el 23 de julio en medio del Caso Convenios en el que se ha visto involucrada directamente, a los que se podrían sumar algunos independientes que simpatizan con el Ejecutivo.
Por lo que la decisión la tomarán los parlamentarios no alineados como la Democracia Cristiana (que cuenta con cinco votos), el Centro Democrático Unido (CDU), integrado por ex DC, como Joanna Pérez, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio, y parlamentarios del Partido de la Gente, como Rubén Oyarzo y Grapar Rivas, quienes aún mantienen su posición en suspenso.
Cabe destacar que en caso que la acusación sea aprobada por la Cámara y el Senado, el secretario de Estado sería destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.
La defensa de Ávila
Antes de se cumpliera el plazo establecido, el abogado de Ávila, Francisco Cox, presentó la defensa ante la comisión que tiene por objetivo pronunciarse respecto del mérito de la acusación.
En el documento se indica que "no se cumplen con los requisitos que la Carta Fundamental señala para ser acogida", por lo que anunciaron que la defensa deducirá la cuestión previa.
La defensa de Ávila desestima capítulo por capítulo el líbelo y sostiene que "la acusación le imputa hechos que están fuera del ámbito de su competencia".
Por lo que el próximo miércoles, una vez deducida la cuestión previa, la Cámara deberá resolver por la mayoría de los diputados presentes.
Si la Cámara acogiere la cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si la descarta, no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación.
Antecedentes del exdirector de Junaeb
El pasado jueves la comisión revisora recibió al ex director de Junaeb, Cristóbal Acevedo (que ejerció entre 2015 y 2017) y denunció que la institución pagó $3.500 millones por 30 colaciones y que este año se aumentó el presupuesto para la empresa en cuestión.
Información que fue descartada por la actual administración, quienes a través de un comunicado aseguraron que los recursos informados por Acevedo, "corresponden a montos de contratos firmados previo a la llegada de este Gobierno".
Además, plantearon que "no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior. La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093".
A lo que el exdirector, a través de un carta, insistió en su denuncia. "Los antecedentes que expuse los recibí de parte de funcionarios de la institución. Pude verificar su veracidad por medio de equipos técnicos y de forma personal, accediendo a la información publicada en el Portal de Transparencia de Junaeb. Dada su gravedad, me pareció que no podía dejar de expresarlos en la instancia a la que fui invitado", manifestó en la misiva la exautoridad.
Asimismo, Acevedo indicó que las acusaciones apuntan a dos hechos: una modificación de la asignación fija de raciones y al pago de $3.500 millones de pesos a una empresa, por 30 raciones de colación del servicio de "onces" a estudiantes de educación básica.
Cruce de palabras que a días de la acusación constitucional no ayudarían a calmar los ánimos y mitigar las críticas respecto a la gestión del ministro de Educación.
