La ministra del Interior, Carolina Tohá, profundizó esta tarde en los reparos que ha expresado el Ejecutivo al proyecto de usurpación, que ayer recibió el voto favorable de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, por lo que fue despachado a Sala.
El texto establece principalmente la flagrancia permanente que facilita la restitución de terrenos y busca sancionar a quien, con violencia o intimidación, ocupe total o parcialmente un inmueble, con una pena que parte en 541 días y podría llegar a los 5 años. En tanto, cuando el hecho sea sin violencia o intimidación, con una pena de 61 días a tres años.
"Este proyecto va a permitir que siempre se pueda permitir el auxilio de la fuerza pública, entonces no hay ninguna necesidad tampoco de abrir la puerta a algo de esa naturaleza, que es inminentemente peligroso, es un incentivo muy pernicioso que la gente piense que por sus propias manos tiene que hacer justicia".
Ministra del Interior, Carolina Tohá
No obstante, hay puntos como la flagrancia, presidio y la legítima defensa privilegiada no son compartidos por el PC, el Frente Amplio ni el Ejecutivo. De hecho, la ministra Tohá ha dicho estar en contra de la "autotutela" en el proyecto.
Al ser consultada por la posibilidad de que el Gobierno aplique un veto, recurrir al TC o propiciar cambios en una eventual comisión mixta, la secretaria de Estado precisó que "el Gobierno no descarta ninguno de los instrumentos de los que dispone, pero prioriza en esta etapa de tramitación lo que hoy día estamos haciendo en ese proyecto, que es votar".
En ese sentido, aclaró que "a lo que estamos apuntando es a convencer en la votación que tendrá que hacerse en la Sala de la Cámara de Diputados que el proyecto se apruebe en aquellas materias que constituyen su corazón y en las cuales hay consenso y no en aquellas otras que ampliamente se consideran insensatas".
Tohá recordó en esa línea que el proyecto lleva un largo tiempo discutiéndose "y hace algunos meses atrás el Gobierno se comprometió a priorizar y encontrar un acuerdo, y ese acuerdo se alcanzó para todo lo que era importante de cambiar". En ese sentido, enumeró que esto apuntaba a: subir las penas por usurpación, producto de subirla, permitir que se detenga a las personas que cometan este delito, y transformar este delito en uno permanente, por lo cual la víctima de la usurpación podría pedir que la fuerza pública recupere el predio o terreno.
"Esto, que era el origen del proyecto, hoy día en consensual, sin embargo, en la tramitación en el Senado se agregó un cuarto elemento, y es que valiéndose del hecho que el delito es permanente, transformar también en permanente la legítima defensa", comentó la ministra.
Bajo esos parámetros, explicó que entonces "con la usurpación se podría hacer algo que, por ejemplo, con el robo no se puede hacer. Si una persona es víctima de robo, después de 24 horas ya no puede ir por sus propios medios a recuperar el bien robado; tiene que entregarle a las policías, a los organismos del Estado esa responsabilidad. En el caso de usurpación se quiere permitir que la persona pueda ir por sus propios medios, pasadas las 24 horas a recuperar el predio, por lo cual lo que se alimenta es la autotutela, que las personas organicen grupos que vayan a disputar cuerpo a cuerpo, o peor aún, con armas, los bienes que están usurpado".
La ministra criticó que este tipo de situaciones no tienen precedentes en el sistema jurídico del país, pero además son graves, puesto que "este proyecto va a permitir que siempre se pueda permitir el auxilio de la fuerza pública, entonces no hay ninguna necesidad tampoco de abrir la puerta a algo de esa naturaleza, que es inminentemente peligroso, es un incentivo muy pernicioso que la gente piense que por sus propias manos tiene que hacer justicia".
