Los cuestionamientos surgidos a raíz del Caso Convenios y sus múltiples ramificaciones a lo largo del país -abarcando también a la Región de Valparaíso- han generado dudas respecto del rol jugado por los Gobiernos Regionales en el otorgamiento de los fondos.
Según consigna El Mercurio de Valparaíso, los consejeros regionales ahora piden que se les otorguen más atribuciones al momento de que el gobernador regional asigne los recursos correspondientes al 7% de inversión en gastos corrientes para actividades culturales, deportivas y sociales, entre otras.
Un dictamen de Contraloría de junio de 2022, permitió que el gobernador pueda asignar recursos en forma directa en transferencias menores a 7.000 UTM, sin el visado del Core, que a través de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore) presentó una reinterpretación que no fue acogida.
Este instrumento reconsideró -a petición de la Asociación de Gobernadores Regionales- un dictamen anterior del contralor Jorge Bermúdez de octubre de 2021, que fijaba el acuerdo de los consejeros para estas asignaciones.
Más control
En conversación con el citado medio, la consejera Tania Valenzuela (Ind.-FA), consideró que las iniciativas de asignación directa siguen siendo las mismas desde la llegada de los gobernadores regionales, "por lo que no existe una mayor discrecionalidad al momento de asignar recursos".
"No obstante, durante el proceso de traspaso de competencias, las y los consejeros regionales a nivel nacional fuimos afectados al quedar fuera de la discusión de iniciativas de menos de 7.000 UTM, lo que claramente es un retroceso en las facultades de nuestro cargo", añadió.
El core Manuel Millones (Ind.-UDI) dijo esperar que en la Ley de Presupuestos se incluya un mayor control por parte de los Consejos Regionales, sin perjuicio de analizar otras alternativas.
"Al momento de votar los marcos presupuestarios que nos presentan los gobernadores, es donde tendremos que poner el mayor acento con el control de la aprobación de marcos acotados", planteó.
A ello se sumaría "establecer entregas graduales de las transferencias de esos fondos a las ONG o fundaciones, en concordancia a los estados de avance; y en la medida de los cumplimientos y validación de cometidos, solo allí hacer las transferencias siguientes".
Inversión
Su par Eduardo León (PPD), consideró que "en su gestión el Gobierno Regional se ha ajustado a la normativa vigente, pero no es suficiente, debemos agilizar la inversión pública".
"En la toma de decisiones se debe avanzar hacia estándares de un "gobierno abierto", en mejorar el control de gestión y optimizar los mecanismos de fiscalización", añadió.
Pero León consideró que esta situación "no debe ser una excusa para frenar la descentralización, el traspaso de competencias y entregar mayor autonomía financiera a las regiones".
En tanto, el core Marcos Tricallotis (Republicanos), aseguró que "el rol de la Contraloría en generar un buen sistema de pesos y contrapesos en los gobiernos regionales es tremendamente deficiente"
A su juicio, "la Contraloría, negando la reinterpretación de Ancore, en la práctica reforzó la tiranía de los gobernadores regionales: ellos pueden disponer a su entero arbitrio iniciativas de hasta 7.000 UTM".
Tricallotis recordó la existencia de un proyecto de resolución en el Congreso, desde enero de este año, "que requiere la venia del Presidente de la República para bajar a 1.000 UTM el monto a libre disposición por parte de los gobernadores que hoy está durmiendo".
"En esta región, el gobernador Mundaca puede traspasar recursos a la institución que le plazca sin ningún control por el Core (...) Creo que la formación anti democrática recibida en Cuba por parte del gobernador Mundaca le impide implementar buenas prácticas de transparencia como si existe, por ejemplo, en otras regiones", finalizó.
