En función de la búsqueda de Héctor Guerrero Flores y otros 40 secuaces del Tren de Aragua que se fugaron de la cárcel den Venezuela, países de la región activaron los protocolos para dar con los sujetos.
El Ministerio del Interior de Perú emitió un comunicado anunciando que ofrece una recompensa de cerca de US$ 132.400 a cambio de información que conduzca al paradero del más conocido como "Niño Guerrero".
La estrategia implementada por el país vecino no se puede replicar en Chile ya que no existe un presupuesto para aquello. En ese contexto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, emplazó al Poder Legislativo a "evaluar y discutir" esta alternativa.
"Estamos en un punto en Chile donde ya deberíamos empezar a discutir medidas de esa naturaleza", insistió el fiscal nacional en conversación con T13 Radio este martes.
Los proyectos paralizados en la Cámara
La idea de retribuir con dinero la entrega de información en investigaciones delictivas no es una propuesta nueva en el Congreso Nacional, hay al menos dos proyectos que van esa dirección.
En agosto del 2021 parlamentarios de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley argumentando que los "incentivos a la delación es un mecanismo idóneo para el combate a distintas formas complejas de criminalidad, como aquella que existe en la Zona Macro Sur, vinculada a ilícitos de grave impacto (incendios, homicidios, destrucción de la propiedad privada, usurpación de la propiedad) y a un alto poder de fuego y organización".
"La implementación de medidas de este tipo debe ser cuidadosamente planificada para evitar posibles incentivos perversos y garantizar su efectividad en la práctica"
Diputado Andrés Longton (RN)
En el documento proponen que "el Presidente de la República fije la concesión de recompensas en favor de quienes actúen como informante respecto de hechos y elementos que permitan detectar, perseguir, esclarecer y finalmente sancionar crímenes de grave naturaleza ocurridos en las regiones del Biobío y de La Araucanía (...) de manera transitoria y por el plazo de un año".
Esta moción enfocada en la Macrozona Sur y limitada en el tiempo está alojada en la comisión de Constitución en primer trámite constitucional sin ningún tipo de avance legislativo.
Pero este no es el único proyecto en la materia. Haciendo alusión a la iniciativa anteriormente señalada, los ex diputados Tomás Fuentes y Gonzalo Fuenzalida (ambos RN), en noviembre del mismo año buscaron impulsar esta herramienta a otras esferas.
La propuesta establece "la facultad del Presidente de la República a recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de hechos delictivos sancionados con pena de crimen y cometidos en el marco de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos crímenes, y siempre que los antecedentes aportados resultaren útiles para la detención de los responsables y/o la acreditación de los hechos denunciados".
La forma de recompensa, el mecanismo de entrega y la recepción de esta serían estipuladas mediante un Decreto Supremo. Asimismo, se especifica que "no podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que, por disposición legal, estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomaren de la perpetración de crímenes o simples delitos".
Además, "aquellas personas que, a sabiendas y buscando beneficiarse, aportaren antecedentes falsos, serán castigadas en conformidad al Código Penal", esta iniciativa también está congelada en la comisión de Constitución de la Cámara.
"Lo vamos a estudiar para convertirlo en ley"
El diputado y presidente de la comisión de Constitución, Raúl Leiva (PS), sostuvo que "es un tema que hay que evaluar, no hay ninguna medida en la lucha contra el crimen organizado que uno pueda descartar".
Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS), rescató la propuesta del fiscal nacional "en orden a utilizar también como Estado todas las herramientas tendientes a poder combatir con dureza, firmeza y decisión este flagelo que es un cáncer en nuestra sociedad".
"Requiere el patrocinio del Ejecutivo y es el Ejecutivo el que debe plantearnos esta alternativa para ser discutida al interior del Congreso Nacional"
Diputado Marcos Ilabaca (PS)
No obstante, advirtió que "al depender de recursos, requiere el patrocinio del Ejecutivo y es el Ejecutivo el que debe plantearnos esta alternativa para ser discutida al interior del Congreso Nacional".
"Por lo menos de mi parte va a contar con todo el apoyo una medida de estas características", agregó.
A juicio del diputado Jorge Alessandri (UDI), "para esta nueva realidad de Chile ante el crimen organizado, ante los tentáculos de la delincuencia y de la droga, no hay que escatimar en ninguna herramienta la biometría en los aeropuertos, las Fuerzas Armadas en los pasos fronterizos, las recompensas como medio de obtener información, las fiscalías supraterritoriales, la protección de fiscales, las leyes más duras y más efectivas en la investigación".
"El llamado del fiscal nacional, tal como lo ha hecho en otras ocasiones, es muy atingente porque es él quien está encima de las investigaciones. Y si él nos dice que necesita evaluarse una herramienta como las recompensas, así lo vamos a hacer desde el parlamento. En otras oportunidades también nos insistió en la importancia de poder enrolar a todas las personas que hacen ingreso al país y que hacen ingreso a nuestras cárceles y hemos estado trabajando en eso también. Por lo tanto, yo tomo la propuesta y evidentemente la vamos a estudiar para convertirla en ley", agregó.
"Yo tomo la propuesta (de Valencia) y evidentemente la vamos a estudiar para convertirla en ley"
Diputado Jorge Alessandri (UDI)
El diputado Andrés Longton (RN) planteó que "es fundamental" considerar el planteamiento del fiscal nacional. "Hay que considerar también que la falta de presupuesto limita la implementación de ciertas medidas, y en este sentido, de cara a la discusión de presupuesto, debe ser considerada prioritaria. Además, la implementación de medidas de este tipo debe ser cuidadosamente planificada para evitar posibles incentivos perversos y garantizar su efectividad en la práctica", agregó.
En esa línea anunció que se citará al fiscal nacional al Congreso para que comparta su perspectiva abordar la situación en Chile como la evidencia comparada de otros países sobre este tema. Sobre los proyectos de Renovación Nacional que se encuentran en fase inicial de discusión en la Comisión de Constitución, sostuvo que "solicitaremos al presidente de la comisión que los incluya en la agenda de trabajo".
