El planteamiento de la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, de incluir en las mesas de conversación a grupos que promuevan la violencia, como la Coordinadora Arauco - Malleco, generó diversas reacciones en las fuerzas políticas y La Moneda tuvo que salir a dar su opinión al respecto.
En entrevista con El Mercurio, Contreras manifestó que "tienen que estar sentados a la mesa todos, absolutamente todos, no puede faltar nadie; nos guste o no nos guste su posición" y que para ello se tienen que establecer algunas condiciones como por ejemplo "que durante el período de diálogo se pueden realizar acciones violentas, porque eso quebraría la mesa de acuerdos inmediatamente".
Las declaraciones de la encargada del INDH no cayeron bien entre los parlamentarios de oposición y representantes de la Región de La Araucanía. Los legisladores acusaron desconexión por parte de Contreras y exigieron que se retractara de sus dichos.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "la condición necesaria para que todos se sienten a la mesa es que debe haber situación de paz" y agregó que "es importante que se sienten los grupos que están más al extremo".
En esa línea, la secretaria de Estado recalcó que "nosotros vamos a estar siempre disponibles a dialogar con quienes quieran dialogar", no obstante aclaró que "eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga".
Al interior del oficialismo también hubo parlamentarios que sumaron a los cuestionamientos contra la directora del INDH y otros que consideraron que podría ser una alternativa si es que hay un compromiso al cese de la violencia.
El diputado Raúl Leiva (PS) dijo que "no comparto su opinión, entiendo que la emite a título personal. Lo considero un despropósito, validar a quienes ejercen la violencia y cometen actos terroristas, relativizando su accionar no es procedente. Respecto de quienes insisten en delinquir lo que corresponde es que la justicia investigue y condene, activando la persecución criminal no dialogando".
Asimismo, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) señaló que "creo que sería un grave error el reconocer a la CAM como una organización política, social o territorial, se trata de una asociación delictiva, o terrorista, por lo tanto no parece realista suponer que puedan integrar un espacio para soluciones, desde el estado que la propia CAM no reconoce, no valida y quiere destruir, respeto enormemente el punto de vista del INDH, pero creo que ni el gobierno, ni el Estado pueden atender una sugerencia de tal naturaleza, creo que la respuesta debe ir por el lado de mejorar la persecución penal, para desarticular este tipo de organizaciones delictivas, paramilitares y terroristas".
A favor de la idea
Otro punto de vista compartió el senador socialista Gastón Saavedra: "El camino es el diálogo democrático, el encuentro entre las diferentes opciones políticas, ideológicas y culturales para la construcción de este gran acuerdo. Y todas aquellas actores que hoy día no estén considerados, fundamentalmente tienen que hacer explícitamente ante la sociedad su renuncia a la violencia como método de acción pública. Su compromiso con la democracia y por lo tanto con el diálogo democrático como método de entendimiento y la búsqueda de acuerdos para salir adelante y dejar atrás toda la serie de conflictos y marginaciones que hemos tenido históricamente con nuestros pueblos originarios".
"No se trata de incorporar de buenas a primeras a los diferentes actores, sino que tenemos que comprometernos, reitero, con la paz, la justicia y el rechazo indeclinable a la violencia como método de acción pública", agregó.
A su vez, la diputada Lorena Fries (CS) indicó que "esta es una cuestión que viene planteando el INDH desde su surgimiento el 2010 y se ancla justamente en la posibilidad de que en democracia, incluso aquellos actores que atentan contra el Estado de Derecho, como es el caso de algunas organizaciones, puedan sentarse a la mesa bajo ciertas condiciones, como por ejemplo un alto a los atentados".
Añadió que "es lo que ha sucedido en todos aquellos países en que hay algún grado de violencia interna entre distintos colectivos, entre el Estado y otros grupos, o también cuando ha habido conflicto interno. Por lo tanto no lo encuentro algo que viole ningún principio, sino que todo lo contrario, lo que busca es que en la macrozona sur haya las posibilidades de que todos y todas puedan vivir en paz".
