De manera transversal, diputados de oposición y oficialistas rechazaron la entrega de una pensión vitalicia a un sujeto identificado como Gabriel Allende, quien se encuentra condenado por lanzar un artefacto incendiario a Carabineros en 2019 y que también está incluido en el listado de víctimas del estallido social.
Según publicó Ex Ante, Allende recibe un monto de $444.767 gracias a la pensión entregada por el Estado y que fue aumentada en febrero de este año.
La noche del 21 de octubre de 2019, Gabriel Allende levantaba una barricada en Curacaví cuando llegó Carabineros. Respondió lanzando una bomba molotov. Al momento de huir, un efectivo le disparó perdigones desde un carro policial.
El 19 de abril de 2022 fue condenado por lanzamiento de artefacto incendiario y en octubre de ese año, le fue otorgada una pensión de gracia al ser considerada víctima del estallido social. Para ello, el INDH se querelló por sus lesiones y la fiscalía formuló cargos contra un sargento por apremios ilegítimos.
Ante esto, y tras conocerse la entrega del beneficio, parlamentarios reaccionaron criticando el acto del Gobierno. Es el caso del diputado UDI, Álvaro Carter, quien señaló: "Esta es una pésima señal del gobierno en tema de seguridad y demuestra la falta de criterio en una decisión que va contra toda lógica, más cuando el país está tratando de combatir todos los días la delincuencia".
"Es un tremendo descriterio de parte de la autoridad central y que no se condice con el discurso de pro seguridad que ha tratado de imponer los últimos días el gobierno", agregó.
La diputada RN Camila Flores acusó al Presidente Boric de "contradecirse". "Es permanente y repetitivo. O el Presidente Boric se contradice con el Diputado Boric o el Presidente Boric se contradice con el Presidente Boric de hace unos meses atrás, pero definitivamente nunca es la misma persona. No hay en él consecuencia alguna".
Por su parte, el diputado socialista Raúl Leiva, calificó este hecho como "un error político". "Nos corresponde eliminar estas reminiscencias de monarquía absolutista como son la ley de indultos, que en mi juicio solo debe quedar supeditada para temas de razones humanitarias, y también la ley de pensiones de gracia".
"Hay que modificar estas normas para que exista un adecuado control por oposición y no sigamos asistiendo a hechos tan bochornosos como la entrega de pensiones de gracia", añadió el legislador oficialista.
Desde el PDG, la diputada Karen Medina arremetió contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos por hacerse "cómplice de lo que fue la delincuencia en el estallido social y que hoy premia a esas personas con estas pensiones de gracia.
En esa línea, instó a la Cámara a "buscar la manera de quitar estos beneficios". "No podemos seguir avalando como autoridades que se ocupe la plata de todo un país para premiar a quienes se ocupó para delinquir":
Por último, el diputado RN y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, indicó: "Esperamos que revoque o invalide esto lo antes posible, porque no puede seguir dando señales en favor de los delincuentes y no en favor de las víctimas y de las familias honestas y pacíficas que están cansadas de estas señales equivocadas y además con recursos públicos de todos los chilenos que, además, están subsidiando a quienes se fugan de la justicia y por otro lado manteniendo a delincuentes".
