Una nueva medida es apremiada por alcaldes y parlamentarios en medio de la crisis de seguridad que se ha visto agudizada con la serie de delitos perpetrados a finales del 2023.
Mediante una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric y entregada en la oficina de partes de La Moneda, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto y los alcaldes de las comunas afectadas por homicidios -Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, y La Granja, Felipe Delpin-
pidieron al Mandatario hacer uso de sus facultades para disponer el 2% constitucional del Presupuesto 2024, en el combate a la delincuencia.
En el escrito que el diputado remitió junto a ediles al jefe de Estado, se argumenta la solicitud describiendo los hechos que han marcado los últimos días.
"En el marco de las celebraciones de fiestas de fin de año, el país se vio expuesto a la acción deliberada de la delincuencia. En la comuna de La Granja, un menor de 14 años murió baleado, en Pedro Aguirre Cerda hubo un triple homicidio, en San Ramón dos menores vieron como su padre era acribillado, en San Bernardo una bebé de tres años recibió un tiro al interior de su casa", se detalla.
Y se añade "tiroteos fatales en ferias navideñas, un doble homicidio en Arica, golpizas en Tarapacá, la aparición de cuerpo calcinado en la Cuesta Barriga, y otros siete homicidios en la región del Biobío. En las últimas horas, en Recoleta un doble homicidio en la puerta de una discoteque, y en Talca, un homicidio y un parricidio. Todos y cada uno de estos lamentables hechos, nos convocan a actuar con decisión y firmeza".
En cuanto al monto que esto podría radicar en el fortalecimiento operativo, la misiva indica que "si consideramos el total del Presupuesto de la Nación aprobado por el parlamento para el año 2024, que es de un total de USD$ 94 mil millones, el 2% correspondería alrededor de 1.800 millones de dólares, un monto muy por encima al 5,7% de reajuste del Presupuesto de Seguridad para el 2024".
"Estos serían recursos extraordinarios pero sumamente necesarios para el fortalecimiento de la labor policial y también del resto de las instituciones incumbentes en la materia de la seguridad pública", se recalca.
¿Cuándo se ha utilizado?
Fue en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19 que el Presidente Sebastián Piñera hizo uso del 2% constitucional.
El 19 de enero del 2020, el entonces Mandatario anunció un paquete económico inédito en la historia del país para combatir el Coronavirus, movilizando US$11.750 millones para ir en apoyo del sistema de salud, y en ayuda financiera a las personas y pymes afectadas por la pandemia.
"He dispuesto utilizar un mecanismo que está contemplado en nuestra Constitución y que es conocido como el 2% constitucional de la República para decretar pagos no autorizados por ley cuando existan necesidades impostergables derivadas de una calamidad pública, como es la que vivimos hoy debido al coronavirus, por un límite de hasta 2% de los gastos aprobados en el presupuesto", explicó.
Desde esa oportunidad, la última vez que un jefe de Estado hizo uso de la medida fue hace 12 años. El 2008, la expresidenta Michelle Bachelet, utilizó estos recursos para mantener las operaciones del Transantiago, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazará un préstamo por US$400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de US$10 millones de parte del Banco Estado.
De esta forma, Bachelet tuvo a su disposición US$800 millones para que el Transantiago continuará funcionando.
Durante su segundo mandato, la iniciativa volvió a tomar peso como una alternativa para combatir megaincendio que azotó a la zona centro sur del país en enero del 2017. No obstante, pese a las presiones de la oposición, Bachelet desestimó la medida.
Cabe destacar que esta facultad es otorgada gracias al artículo 32 de la Constitución, donde se encuentran estipuladas las atribuciones especiales del Presidente de la República.
Puntualmente, el inciso 20 de dicho artículo señala: "El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse en serio perjuicio para el país".
La norma también dispone que "el total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente el de dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos".
