Las irregularidades en Atacama han sido el centro de la crisis educativa. En la foto, profesores de la región se tomaron las oficinas del SLEP.
El Mercurio (archivo)
Entre las falencias detectadas en la Ley 21.040, más conocida como "desmunicipalización", está el impedimento de reemplazar al director ejecutivo de un Servicio Local de Educación Pública (SLEP), al haber sido nombrado por Alta Dirección Pública (ADP). Ese fue uno de los aspectos que develó la crisis en Atacama, ya que, a inicios de noviembre, la directora subrogante del SLEP, Ximena Sanhueza, presentó una licencia médica en cuanto llegó al cargo. Sanhueza, eso sí, no ha dejado de recibir su sueldo, así como Carlos Pérez Estay, el primer director ejecutivo del SLEP de Atacama, que en los últimos 21 meses ha estado suspendido del cargo por un sumario, con una remuneración que oscila entre los $5 millones y $8 millones. Eso último se revertirá con una ley que despachó el Congreso la noche del martes, la cual permite el nombramiento excepcional de un nuevo director, sin la necesidad de pasar por ADP, cuando el cargo esté vacante o el titular no lo desempeñe durante 20 días corridos.
