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Caso Barriga: Quiénes son las otras personas que serán formalizadas hoy junto a la ex alcaldesa de Maipú

Junto a la ex autoridad esta jornada también serán formalizados seis ex funcionarios municipales, quienes habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal.

16 de Enero de 2024 | 08:14 | Redactado por B. Osses, Emol/Aton
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Aton.
A las 9:30 horas de este martes, en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, se llevará a cabo la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por presuntos delitos de corrupción.

La Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco por 31 mil millones de pesos. En la audiencia, tanto la fiscalía como el CDE solicitarán la prisión preventiva de la ex jefa comunal.

Cabe señalar que junto a Barriga también serán formalizados Ana María Cortés, ex directora de Secplac; Luis Japaz, ex asesor sindicado como mano derecha de la ex alcaldesa; Andrea Díaz, ex administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Isabel Palma, ex directora de control. Todos de su círculo de confianza.

Eso, luego de que el 11 de enero pasado el consejo, a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, presentara una querella contra siete ex funcionarios de la Municipalidad de Maipú, entre ellos, la ex alcaldesa.

La acción judicial es por los delitos de fraude al Fisco y falsificación y/ o uso malicioso de instrumento público falso, todos previstos y sancionados en el Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación.

La querella del CDE se dirige nominativamente contra Barriga y los ex funcionarios municipales, quienes habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionado con ello un enorme perjuicio económico.

De acuerdo con los hechos ocurridos durante la administración de la ex
edil, los imputados cometieron tales ilícitos utilizando mecanismos como la delegación de atribuciones, sobreestimación del presupuesto municipal y la adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria para realizar distintas acciones defraudatorias.

De esta manera, según el CDE, aumentaron el déficit y generaron un perjuicio a las arcas municipales bajo el amparo de sus cargos de confianza, posición que les habría permitido evadir todo tipo de controles internos.