Una gran polémica surgió luego de que el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia autorizara a presos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) pudieran contactarse con el exterior, realizando videollamadas.
Por su parte, Gendarmería advirtió el riesgo que esta situación implica, tanto para la seguridad del personal como para la población encarcelada. A pesar de las advertencias Urrutia ratificó su resolución, momento en que la institución decide recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde alertaron mediante un recurso la gravedad de la decisión.
Un largo debate se formó a raíz de los derechos humanos de los privados de libertad, el régimen penitenciario excepcional y el "jaque" hacía la administración.
En este contexto, el ex Director de Gendarmería de Chile, Christian Alveal reveló a Emol que esta resolución es peligrosa y una "alarma roja para el Estado en general, por la sencilla razón de no entender que el Estado -los tres poderes- tienen que adecuarse a esta nueva amenaza: el crimen organizado".
Asegurando que es difícil comprender que un juez pueda hacer esto, "salvo que no esté consciente de lo que estamos viviendo como Estado, frente al crimen organizado, salvo que pueda estar extorsionado o directamente corrompido", lo que calificó como extremadamente grave.
En cuanto al debate sobre los derechos humanos, expresó que "hoy existe un conflicto entre lo que es la interpretación de algunas personas sobre estos, respecto a tener las mínimas condiciones para hacerse cargo de perfiles criminales altamente complejos".
Agregando que el sistema garantista puede aplicarse a la población penal común, pero en el caso de internos o personas que estén privadas de libertad vinculadas al narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, no aplica lo garantista.
En esta línea, manifestó que "hay regímenes distintos para personas que son criminales mucho más complejos. Entonces, se vulneran los derechos humanos cuando existen este tipo de resoluciones, porque tratan de homologar a toda la población penal como si fueran igualmente personas que pueden estar en un mismo régimen. Y eso es totalmente contradictorio".
Por su parte, Claudio Martínez, ex Director de Gendarmería de Chile , expresó que la decisión "atenta derechamente contra la política criminal que tiene Gendarmería de alta seguridad", asegurando que la cárcel fue diseñada exactamente para lo que hoy en día se autorizó: evitar la comunicación de los presos.
Si bien en su origen, "la cárcel fue diseñada para un grupo calificado como terrorista, hoy ha sido reemplazado por lo que se llama el crimen organizado, de modo que esta decisión es una aberración".
Continuó alertando que esta medida básicamente "facilita la articulación de las bandas desde el interior de las cárceles hacia el exterior (...) De hecho, la política criminal penitencial y de seguridad indica que los líderes de las bandas deben ser separados y someterse a un control estricto de las comunicaciones", por ende esta medida "vulnera cualquier política... Lo único que hace es validar la planificación de delitos muy graves desde el interior de los recintos".
Asegurando que hoy se necesita un balance entre los derechos de los presos y el intento por lograr el control del crimen organizado."Se necesita una reflexión respecto a la retención, los derechos de los presos de alta criminalidad, siendo analizado desde un bien superior que es controlar la acción del crimen desde el interior".
Además advirtió un problema serio que enfrenta Gendarmería: el ingreso de celulares a los recintos penitenciarios. Siendo este, el principal instrumento para planificar y organizar los crímenes, entregando como ejemplo el robos de computadores que ocurrió que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social el pasado julio, crimen que fue articulado y dirigido desde el interior de una cárcel.
Mencionó también el punto de inflexión que se manifiesta en esta situación: "cuando los derechos humanos de los presos son llevados a una exacerbación y ponen en riesgo los derechos humanos a las personas que no han cometido delitos".
En cuanto al narcotráfico, dijo que "el hecho de que los presos tengan una comunicación totalmente fluida 'legal' hacia el exterior, lo único que consolida es que los jefes de las bandas instalen sus oficinas al interior a las cárceles (...) es un elemento súper importante respecto de su facilidad de poder accionar". Señalando que el Estado les entrega "alojamiento, comida, salud, y ahora les facilita la comunicación".
Finalmente manifestó la necesidad de que el Estado "reaccione y termine con esta contradicción".
