Comuna de Maipú (imagen referencial).
El Mercurio/Archivo
La comuna de Maipú se ha convertido en un sector recurrente de hechos asociados a delitos asociados a la acción del crimen organizado en el país. El último caso, del secuestro y posterior hallazgo del cuerpo del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, aumentó las alertas. Fue a una toma de esa comuna donde fueron hallados sus restos.
El
alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, comentó en su cuenta de X, a raíz del caso de Ojeda que se trata "del último de múltiples delitos que se cometen en dicho campamento, y que afectan a nuestros vecinos a diario".
En enero, se reportó el hallazgo de dos casas de tortura en dicha comuna, lo que dejó al menos seis detenidos. Según se conoció, los ejecutores de estas prácticas son ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, y entre sus víctimas hay personas colombianas vinculadas a la venta de ketamina.
Otros hechos delictuales también han mostrado una suerte de continuo en la comuna. El 1 de marzo, se encontró
el cuerpo de un hombre con impactos balísticos a las afueras de un local nocturno que funcionaba de manera clandestina. De acuerdo a información de testigos, el hombre estaba en la calle, cuando desde un vehículo color azul, descendió una persona que le efectuó un disparo en el abdomen y se dio a la fuga.
El 20 de febrero, un oficial de carabineros logró frustrar una encerrona de la que fue víctima una mujer en esa comuna. En tanto, a inicios de ese mes,
una mujer denunció haber sido víctima de secuestro, presuntamente por parte de sujetos venezolanos y chilenos a quienes ella prestaba servicios en el cuidado de sus hijos.
A mediados de enero, se registró un crimen que ha causado un gran debate entre expertos y seguridad y autoridades, puesto que involucra a menores de edad. La víctima fatal resultó ser una niña de 10 años, quien se trasladaba en un vehículo junto a su padre, momento en que el vehículo fue atacado balazos. El hecho dejó a un detenido, el único hasta ahora vinculado a muertes de menores.
Perfil de Maipú
La comuna de Maipú cuenta con una población -según estimaciones del INE- de 585.684 personas, y el 7% se encuentra en condiciones de pobreza, de acuerdo a los datos de Casen.
De acuerdo a los datos comunales de Paz Ciudadana, la comuna tiene una tasa de 481,6 casos policiales por cada 100 mil habitantes, y se ubica en el lugar 155 (de 346 comunas) para este indicador. En tanto, entre el primer y tercer trimestre, la tasa de casos policiales fue de 1.907 cada 100 mil habitantes, y en 2022, para el mismo periodo medido, fue de 1.788.
En tanto, el robo con violencia o intimidación se sitúa como el delito más frecuente, con una tasa de 138,5 para el tercer trimestre de 2023, equivalente al 28,8% de los delitos medidos. En segundo lugar se ubica el hurto, con una tasa de 72,3 casos policiales, equivalente al 15%; y en tercer lugar, el robo de accesorio a vehículo, con una tasa de 62,9, equivalente al 13,1%.
En cuanto a los homicidios, para el periodo señalado, se reporta una tasa de 1,2 cada 100 mil habitantes. Al mirar el primer, segundo y tercer trimestre del año pasado, dicha tasa se eleva al 3,5 cada 100 mil habitantes.
El problema de la estigmatización
El arquitecto y académico de la U. Central, Uwe Rohwedder, comenta que "lamentablemente estas situaciones generan externalidades negativas como lo es la estigmatización de una comuna por sus temas que cada cierto tiempo son objeto de noticias, en general de tinte negativo".
La misma percepción tiene
Juan Castañeda, cientista Político y Doctor en Sociología de la U. Autónoma, quien señala que la "estigmatización" es una dimensión subjetiva, que se va construyendo en base a imágenes y en eso hay un rol también de medios de comunicación o las redes sociales". Esto, sumado a que lo ocurrido en la toma de Maipú, de todas formas, "
es muy grave, es una alerta muy roja".
Para Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab y experta en seguridad, comenta que el problema de inseguridad que acarrean este tipo de hechos, termina afectado en algún punto a todas las comunas donde se han registrado situaciones de este tipo, como San Bernardo, Lo Espejo, Peñaflor, Valparaíso, Quilpué o la zona norte del país.
"Y esto es precisamente por la falta de Estado. Porque si bien tienes gente que efectivamente hace su vida normal, va a su trabajo, tienen familia, la falta de Estado es la que hace que la zona sea cada vez más peligrosa, y no necesariamente será más peligrosa para todos quienes se viven ahí, pero evidentemente hay un cambio en cómo se percibe esa comuna", subraya.
Cómo combatir la estigmatización
Rohweeder propone que algunos cambios que podría ayudar a evitar profundizar en esa estigmatización es a través de la elaboración de un plan estratégico "que pueda asumir todas estas variables incluyendo visiones futuras, mejorar conectividad y movilidad, agregar áreas verdes".
No obstante, destaca como clave que exista "un proyecto por etapas para regenerar el o los campamentos ofreciendo soluciones habitacionales ajustadas a la realidades económicas, un plan integral con participación ciudadana y que necesita de educación cívica para entender que significa vivir, bien, bienestar y calidad de vida".
"¿Qué tiene que decir el Ministerio de Vivienda respecto a la planificación urbana, o al hecho de que existan estos terrenos que están tomados y sean puertas para crímienes? Lo mismo para el Mineduc, y el hecho de que algunos jóvenes sean reclutados por grupos criminales, ¿cuál es su rol preventivo?"
Pilar Lizana, investigadora AthenaLab
Castañeda, por su parte, comenta que el rol de los medios de comunicación de todas formas es clave para denunciar lo que ocurre en estos campamentos, y esa labor se debe complementar con "alguna institución pública que visibilice la necesidad de apoyar a esa comunidad". Así, comenta que hay actores clave para intervenir en estos territorios: son los gobiernos locales e incluso regionales.
Lizana añade que las distintas carteras del Gobierno central también tienen algo que hacer y decir ante estos problema de seguridad. "¿Qué tiene que decir el Ministerio de Vivienda respecto a la planificación urbana, o al hecho de que existan estos terrenos que están tomados y sean puertas para crímienes? Lo mismo para el Mineduc, y el hecho de que algunos jóvenes sean reclutados por grupos criminales, ¿cuál es su rol preventivo?", inquiere.
Esto, porque se suele poner en el foco el rol de las instituciones ligadas a la seguridad, como las policías, el Ministerio Público o Interior, sino que al tratarse de un problema multidimensional, se deben abordar todos los ámbitos que confluyen.
Y advierte: "puede pasar en algunas zonas donde no estemos hablando de una toma, pero sí estamos hablando que hay un grupo de narcotraficantes importantes, y vean que el colegio de una comuna no está recibiendo recursos o falte mejorar calles o plazas, y sean ellos quienes intervengan con alguna donación. Eso se ha dado en otros países y se puede dar acá, y por eso, la intervención debe ser por parte del Estado completo, no sólo desde las policías".
