Una joven de 24 años de origen venezolano se encuentra desde 2023 recluida en un centro penitenciario de Vallenar, en la Región de Atacama, a la espera de concretar su expulsión del país por una sentencia en su contra tras ser procesada por tráfico de drogas en marzo de ese año. Previamente, no contaba con antecedentes penales.
El Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad le otorgó una pena sustitutiva de expulsión junto a otras tres mujeres de entre 20 y 25 años, quienes fueron detenidas en noviembre de 2022 cuando ingresaron al país.
Para ello, se fijó un plazo de 60 días para ser llevadas a la frontera y entregarlas a su país. Así ocurrió con las tres mujeres que recuperaron su libertad, no obstante,
la expulsión de la joven de 24 años no se concretó.
Según explicó su defensora, Náyade Cifuentes, Venezuela no la reconoce por un tema político: "Hay todo un tema político de identificación de personas, partidas de nacimiento. Llevamos un año intentando que Venezuela proporcione la información para que Chile a través de Extranjería pueda concretar su expulsión. Esta joven está privada de libertad a la espera que se concrete la expulsión", comentó al Diario de Atacama.
Esta situación tiene a la imputada atrapada en un escenario de completa incertidumbre. "Si no entra a ejecutar condena, no puede acceder a ningún beneficio penitenciario como la libertad condicional, hacer trabajos o incluso ir a la escuela", explica la abogada.
Es una sentencia de la cual no cabe recurso y que no se podrá concretar "ya que hay una situación política del país y que no mejorará en el mediano y corto plazo".
La Defensoría Penal Pública pedirá una audiencia al tribunal para que revise el caso. Solicitarán que "ante la imposibilidad de concretar la pena sustitutiva de expulsión en los términos que se había decretado su oportunidad, se conceda entonces una libertad vigilada intensiva que pueda ser cumplida en nuestro país con la sujeción estricta del CRC en libertad. La ley contempla el monitoreo telemático que se le coloca a un dispositivo para que en la noche esté en un lugar".
La joven cuenta, además, con una red de apoyo en Chile gracias a una mujer chilena que la acogerá en su domicilio. "En la normativa, las personas que están cumpliendo condena de penas sustitutivas se le regulariza la situación migratoria a efecto que den cumplimiento a fin que cumplan la pena", señaló Náyade Cifuentes.
Si hubiese sido condenada a cinco años de presidio, explican, ya habría podido optar a una pena mixta, pero dada su situación esto no es posible. "Ella no tenía antecedentes penales, podría haber accedido con un informe favorable de Gendarmería. Ella no tendría en principio esta opción".
Por último, la abogada manifestó: "Estamos hablando de una mujer de 24 años, sin antecedentes penales más allá de la comisión de este delito, no puede quedar en tierra de nadie. Además, como Estado tenemos responsabilidades a través de tratados internacionales, Convención de Belém do Pará, la CEDAW que son normativas internacionales que son vinculantes para el Estado y por lo tanto tenemos que hacernos responsables y pronunciarnos respecto a estas situaciones.
Paralelamente, la Defensoría Penal Pública trabaja en una mesa de género que considera como la privación de libertad afecta de forma particular a mujeres. "Hay que considerar que hace un año la corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo respecto a la situación carcelaria de las mujeres en Vallenar y los jueces en las visitas de fin de semana han constatado que siguen las condiciones deficitarias que ni siquiera tienen acceso a luz día".
