A una funcionaria del área jurídica de la Gobernación Regional habría sido entregada la información vinculada al Caso Convenios.
El Mercurio
Un ex jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI en el Biobío y un abogado de la Fiscalía son investigados por el ente persecutor por eventuales filtraciones de información en el marco del Caso Convenios.
Según indicó la Policía de Investigaciones, el funcionario salió por un hecho independiente al Caso Convenio. Así lo explicó en un comunicado: "En el marco de la investigación que involucra a una autoridad de la referida región, la PDI detectó la entrega de información de los sistemas informáticos institucionales, por parte de un funcionario, hecho ocurrido en el año 2021, por lo que denunció de manera inmediata al Ministerio Público".
Dado los antecedentes, el funcionario
fue suspendido de sus funciones y la PDI instruyó un sumario administrativo. "La PDI no ampara ni acepta conductas que transgredan la ética, probidad y reserva funcionaria que comprometa la fe pública, afectando con ello el Estado de Derecho. Por lo anterior, se adoptarán las máximas medidas disciplinarias a quienes cometen este tipo de hechos".
En tanto, el otro involucrado era un abogado que trabajaba en Fiscalía y que fue desvinculado por eventuales filtraciones a una funcionaria del área jurídica del Gobierno Regional. Según constató Emol su salida se gestó hace unas semanas.
Al respecto, el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, señaló: "Esto no nos deja de sorprender. Ahora tenemos una investigación que involucra a una jefa jurídica del Gobierno Regional, un agente de la PDI y también un abogado de la Fiscalía Regional. Esto es por el traspaso de información desde la PDI y desde la Fiscalía al Gobierno Regional. Lo que corresponde en este caso a la autoridad política, acá el gobernador, ayude a la justicia, deje que las instituciones funcionen y no obstruir la justicia".
"Entregar información de una causa reservada porque está en plena investigación por parte de la PDI o la Fiscalía es simplemente una obstrucción a la justicia y en este caso yo le recomendaría al gobernador regional que aparte de sus funciones a esa jefa jurídica que ha recibido esta información de manera indebida. Hay sumarios en la Fiscalía y en la PDI, debiese aplicarse lo mismo en el gobierno regional y hago un llamado a la autoridad regional a dar todas las facilidades para investigar y no ser una obstrucción a la justicia", manifestó el legislador por el Biobío.
