El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó por cuatro delitos al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. La Fisclaía solicita 25 años de cárcel y entre los ilicitos por los que se le condenó se encuentros dos por infracción a la Ley de Seguridad del Estado.
El caso que empieza a finiquitarse este lunes, viene precedido por un debate que puso en medio de los cuestionamientos al Gobierno del Presidente Boric, dada la resistencia que puso a presentar querella contra Llaitul.
Esto en circunstancias que el líder de la CAM había convocado a "preparar fuerzas" y a "organizar la resistencia armada" ante el anuncio de la creación de un Estado de Excepción Constitucional intermedio. Una fórmula que fraguó el Ejecutivo para no decretar a cabalidad la herramienta constitucional en la Macrozona Sur, que luego fue desechada.
Si bien aseveró que el Ejecutivo perseguirá delitos "con todo el peso de la ley", el Presidente Boric argumentó la no presentación de la querella aseverando que "nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones".
"Ahí puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometan delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas", recalcó, en mayo del 2022.
Pero al margen de la desprolijidad con la que el Gobierno comunicó su postura -considerando que la entonces ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, afirmó que la querella sería presentada, aduciendo que "ningún grupo se puede alzar en armas contra el Estado"- la posición también abrió una diferencia con el Ministerio Público.
Mientras el ministerio del Interior apostaba por aportar antecedentes a las querellas que ya estaban presentadas contra Llaitul, la Fiscalía advertía que la resolución no permitía investigar en lo penal la arenga del timonel de la CAM, considerando que sus declaraciones podrían enmarcarse en la figura prevista por la Ley de Seguridad del Estado (LSE).
"Para investigar los delitos que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado se requiere la denuncia o la querella por parte del Gobierno", advertiría meses más adelante el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
Como réplica, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró que el Ministerio Público "tiene antecedentes desde hace mucho tiempo, denuncias y querellas desde el 2018, 2016" en contra de Llaitul y que "frente a ello me parece que, sin duda, no tienen las manos atadas".
El giro
Fue en julio del 2022 que el Gobierno echó pie atrás en esta decisión, al ampliar dos de las querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas anteriormente en contra del comunero mapuche.
Como contexto, Llaitul había elevado el tono de sus amenazas, haciendo un llamado abierto al "sabotaje" de las forestales y validando delitos como la quema de iglesias en la zona.
De tal modo, fue la noche del 27 de julio del 2022 que Siches dio cuenta del cambio en el criterio del Ejecutivo. "Hemos querido evaluar ampliar la querella en torno a estos hechos, que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que nuestro Gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona y también que no va a limitarse a usar ningún instrumento del ordenamiento jurídico", sostuvo.
Poco antes la propia ministra había descartado dicho camino, y el entonces ministro Segpres, Giorgio Jackson, reiteró esa misma semana que el Gobierno no perseguiría ideas.
En una entrevista concedida al matinal Mucho Gusto, el Presidente Boric ahondó en el cambio de posición. "Héctor Llaitul ha tenido muchos dichos y los de ahora último son particularmente graves porque se atribuye la autoría de delitos. Y, por lo tanto, analizando aquello, nos pareció que era pertinente ampliar la querella que ya había sido presentada porque hay, justamente, nuevos antecedentes", adujo.
Ahora bien, indicó que "la vocera de la Corte Suprema señaló de manera muy clara, Ángela Vivanco, que la Fiscalía tiene todas las facultades para investigar. Nosotros decidimos ampliar la querella justamente porque hubo una auto atribución de delitos en las últimas semanas".
"Yo, ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, ante la gravedad de las declaraciones de auto atribuirse delitos ya concretados, tomé la decisión de que era importante ampliar la querella, y en eso asumo la responsabilidad de aquello", sostuvo el Presidente, apuntando a que "es bueno que un Gobierno sea capaz de revisar sus propias decisiones".
Sin reciprocidad
Previo a la trama relativa a las querellas, la historia de Boric con Llaitul ha estado marcada por señales de simpatía por parte del Mandatario y su conglomerado hacia el líder de la CAM, y la falta de reciprocidad de este último respecto a estos gestos.
"Boric está haciendo toda una parafernalia... Me da lo mismo. Boric y Kast representaban las dos caras de una misma moneda. Nada cambiará. Vamos a seguir teniendo un Estado militarizado, criminalización y persecución", sostuvo el comunero mapuche, una vez que Boric fuera electo Mandatario.
Dicha formulación aparentaba estar a contracorriente del apoyo que el frenteamplista le había extendido en período de campaña. El 9 de julio del 2021, el entonces diputado recogió la información preliminar que circuló sobre un enfrentamiento con carabineros en el fundo forestal Santa Ana de Carahue, que daba por asesinado a Ernesto Llaitul -hijo del líder de la CAM- cuando la víctima se trataba del exestudiante de Antropología de la Universidad de Concepción, Pablo Marchant.
"Han asesinado a Ernesto Llaitul. Esta situación es gravísima y la indignación nos desborda, pero no paraliza. Nos ponemos a disposición de la familia y comunidades, a quienes manifestamos nuestra solidaridad. ¡No más militarización! No permitiremos impunidad", escribió Boric en redes sociales.
Con la corrección del dato, el parlamentario de Magallanes indicó luego que "Héctor Llaitul confirma que no era su hijo Ernesto quien murió, sino Pablo Marchant. Confusión se habría dado por desfiguración del rostro y aviso errático de Carabineros. En cualquier caso, es grave. Las forestales hoy son parte del problema en el Wallmapu".
