En el Colegio Eduardo Llanos Nava, dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique, ayer tuvieron el primer día con un horario reducido para la jornada de la tarde, que termina a las 18.15 horas hasta nuevo aviso.
Esto, "debido a los reiterados asaltos, inseguridad, oscuridad, entre otros", comunicaron en una circular a los padres.
Con el recorte de la jornada, la dirección informó que "
se priorizarán las asignaturas troncales, asegurando los contenidos del currículum imperante", y piden a los padres "su compromiso para dar cumplimiento a la hora de salida de los niños, ya que los funcionarios también están expuestos" a situación de peligro.
Entre los desafíos que instituciones como la Defensoría de la Niñez han alertado para los escolares este año está la creciente inseguridad ciudadana, que cada vez afecta más a niños y adolescentes, por lo que los establecimientos educativos también han debido adoptar medidas en ese sentido.
En la comuna de La Granja, Región Metropolitana, el director del Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe, Héctor Rojo, dice que "convocamos a otros dos liceos que están cerca y nos reunimos con el jefe de seguridad del municipio, entonces logramos que ahora haya una patrulla en el sector en los horarios de entrada y salida", además de un grupo de WhatsApp con los otros colegios y los funcionarios del municipio.
El directivo añade que "no nos parece que nos debamos rendir a la delincuencia, a tal punto de cortar la jornada".
Otras iniciativas
También en Iquique, el Colegio Bajo Molle fijó que los profesores acompañen a los alumnos afuera del recinto.
En Lota, en tanto, el director del Liceo Comercial Presidente Frei Montalva, José Antonio Vera, acompaña a sus estudiantes a tomar el bus y lo ve como "una acción dentro de muchas de un plan" relacionado con la seguridad: "Los apoderados nos mencionaban que el sector era peligroso, entonces los acompañamos en la mañana y la tarde".
Vera reconoce que el tema del horario "es fundamental" en su caso, ya que prefieren que los estudiantes salgan temprano cuatro de los cinco días a la semana: "Hay colegios en que los viernes se van a las 13:00 horas, pero los otros días a las 17:00. Nosotros estamos de 8:15 a 15:25 horas, y solo los martes hasta las 17:00 horas".
María Teresa Romero, presidenta de Escuelas Abiertas, reclama que es "absolutamente inaceptable que la educación se vea coartada por la delincuencia, tal como viene sucediendo con los paros, la violencia escolar, los narcofunerales".
La profesora considera que son "ejemplos de cómo la educación no es hoy una prioridad para las autoridades, a pesar de la crisis que estamos viviendo desde la pandemia".
Cambios en la rutina por la delincuencia
La prevalencia de delitos violentos cuando hay menos luz natural, la percepción de que ese horario es más peligroso para circular, o la sensación de que los delincuentes actúan con impunidad, son algunos de los factores que explicarían, según expertos, el cambio en las decisiones de desplazamiento que toma la ciudadanía, así como la determinación de no salir de noche.
Un estudio denominado "Chile nos habla", de la Universidad San Sebastián (USS), reveló en septiembre de 2023 que tres de cada cuatro encuestados creen que la delincuencia aumentó a nivel nacional (73%) en los últimos seis meses.
En ese contexto, cuatro de cada cinco personas señalan, además, que evitan salir de noche para no ser víctimas de un delito.
Los resultados de la medición muestran que entre los hábitos que han cambiado los encuestados a causa de la inseguridad está evitar salir de noche (85%) y ajustar horarios de salida (65%). Asimismo, el 68% de las personas ha implementado medidas de seguridad en su vivienda, como reforzamiento de rejas, portones, instalación de cámaras. Un 10% señala haber adquirido un arma.
Según el análisis, un 70% de las personas dice sentir mucho miedo con la actual situación, y solo el 7,9% afirma sentirse seguro.
Los lugares donde las personas se sienten más inseguras es en cajeros automáticos en la vía pública, con un 80,9%; en las micros, con un 75,9%; en paraderos de locomoción colectiva (75,1%), y en terminales de buses, con 73,2%.
En relación con el actuar de inspectores municipales, un 82,8% está de acuerdo con que estos utilicen el bastón retráctil; un 80,4%, gas pimienta, y un 78,6%, la pistola Taser (inmovilizador sin contacto). No obstante, el uso de armas de fuego tiene menor aceptación, pues solo un 41,9% está de acuerdo y un 48,2% en desacuerdo.
El estudio fue realizado por el Centro de Políticas Públicas de la USS, en alianza con el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado, del mismo plantel y la empresa Studio Público.
El sociólogo Eugenio Guzmán, decano de la facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo sostuvo sobre el desarrollo de actividades cotidianas y la crisis de seguridad que "esto deriva en un gasto energético y psicológico, pues ahora se decide dejar de salir a ciertos lugares o hacer determinadas actividades".
Por su parte, el sociólogo Gonzalo Delamaza, académico de la Universidad de Los Lagos e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), pleantea que todas aquellas decisiones que incluso implican decidir por qué calle transitar o poner una reja más alta en las casas, "son conductas individuales de protección; pero el problema es que la inseguridad no se puede enfrentar individualmente".
Por eso, a su juicio, lo que hay detrás es "un debilitamiento de la institucionalidad, la misma que hoy estamos redefiniendo en el proceso constitucional, es decir, estamos en un contexto de cambio y aún no se sabe por dónde se volverá a caminar".
