Alcalde Daniel Jadue (PC).
Aton
En medio del proceso judicial que enfrentaba la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, parlamentarios del Partido Comunista (PC) ingresaron un proyecto de ley para castigar con prisión preventiva a imputados acusados de cometer delitos contra la probidad administrativa, como la corrupción, cohecho, entre otros. Por lo mismo, congresista de Renovación Nacional (RN) anunciaron que le pedirán al Gobierno que se le aplique urgencia a la medida.
El anuncio ocurre luego de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quedó sujeto a prisión preventiva e ingresó al penal Capitán Yáber.
El diputado Miguel Mellado anunció que "vamos a pedirle al Gobierno discusión inmediata al proyecto que modifica el Código Procesal Penal para establecer
la presunción de que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando se imputen delitos contra la probidad administrativa".
Añadió que "es de sumo interés legislar sobre estos temas hoy y que el Partido Comunista no se esconda debajo de la alfombra".
Por su parte, Andrés Longton, presidente de la comisión de Seguridad, afirmó que "hay un doble estándar y una hipocresía evidente (del PC). No pueden haber cambiado de parecer en cinco meses. En enero querían que todos los procesados por delitos de corrupción, entre ellos cohechos, malversación de caudales públicos, delitos por los cuales está siendo imputado el alcalde Jadue, estuvieran en prisión preventiva por el sólo hecho de la formalización, por quedar imputados".
"Y resulta que ahora piensan distinto, porque hay un alcalde de sus filas. Lo único que falta es que pongan una indicación que diga que cuando sea un militante del Partido Comunista no va a aplicar esta norma", agregó.
A juicio del parlamentario, la actuación de estos últimos días del PC, "revela no solamente el fanatismo y cómo el carácter político termina nublando la razón de los comunistas cuando se trata de alguien que está involucrado en un delito de corrupción y es de sus filas. Esa hipocresía y doble estándar es lo que tiene agotado este país, que espera un mismo estándar, una misma condena y un discurso coherente, independientemente del color político de la persona que está siendo procesada".
Mientras que el diputado Diego Schalper, calificó como "curioso" que el PC "que acusa persecución política a un alcalde, que en ningún caso ha sido sancionado por algo distinto que el Poder Judicial, que está sancionado por delitos funcionarios en el marco de un Estado de Derecho, no hay nada más lejano a la persecución política".
También señaló que el Partido Comunista "le debe una explicación al país de que entiende por persecución política. Y más grave todavía, cuando veo que la ministra (Camila) Vallejo, que está en el Comité Político por ser parte del Partido Comunista, (...) dice que ella no tiene nada que decir al respecto cuando un día antes la ministra (Carolina) Tohá ha marcado claramente la autonomía del Poder Judicial. La verdad que nos parece muy grave".
Y llamó al Gobierno a que en este caso "tengan una sola voz, que defiendan la autonomía del Poder Judicial y que le digan al principal partido de gobierno que se le note un poquito menos lo antidemocráticos que son".
