A raíz del revuelo que se ha generado en torno al nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, que también ha salpicado a la designación de fiscales, distintos parlamentarios - de manera transversal - han instado al Ejecutivo a cambiar el mecanismo para la elección de autoridades, con el objetivo de mantener la independencia del Poder Judicial y resguardar la institucionalidad.
Ciper reveló imágenes de los chats del abogado Luis Hermosilla, donde se revelan gestiones de la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, en la última nominación de fiscal nacional. Migueles le habría ofrecido un doctorado y reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte al fiscal Carlos Palma, mientras que en esos días Palma postulaba a fiscal nacional, en el proceso que culminó con la elección de Ángel Valencia.
A través de un comunicado, Vivanco descartó haber tenido algún tipo de injerencia. "No es posible que por el solo hecho que una persona sea hermano, hijo, pareja o cónyuge de un magistrado, se tienda sobre éste un manto de dudas y acusaciones de gozar de trabajo o de poder desempeñarse profesionalmente porque hay oscuras maniobras que así lo posibilitan" y aseguró que se comunicará con el fiscal nacional para manifestar su preocupación por la participación del fiscal Palma en el reportaje del medio anteriormente señalado.
Esto se suma a la aparente influencia del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de ministros del Poder Judicial, como el de Jean Pierre Matus en la Corte Suprema el año 2021 y de Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago ese mismo año.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló en entrevista con Radio Futuro que el sistema de nombramientos "no es un problema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, sino que es un problema en general".
"¿Por qué se dan esas conversaciones?", preguntó el secretario de Estado, argumentando que "el Poder Judicial participa también en el proceso de selección de fiscales regionales".
En este marco, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, en conversación con Radio Universo, sostuvo que "hay que investigar hasta las últimas consecuencias". Recalcó que el asunto de los nombramientos es "extremadamente delicado y difícil" y es un problema que ocurre en Chile y en otros países del mundo.
En esa línea, señaló que conversó con el ministro de Justicia, Luis Cordero, a quien le planteó crear un "equipo de buen nivel académico que levante esta discusión para modificar el sistema de nombramiento". A su juicio, el secretario de Estado debería tomar el liderazgo en esta materia y se debería apuntar a crear un "mecanismo mejor de que el que tenemos".
Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en la misma radio señaló que con la información revelada se "da cuenta de un sistema de nombramiento que esta agotado". Al igual que Schalper, la timonel del PS señaló que "hay que revisarlo y los casos que estamos conociendo tienen que ser investigados", con el objetivo de garantizar la "independencia de los poderes y el resguardo de la institucionalidad".
Proyectos que van en esa línea
Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini presentaron un proyecto de ley que "prohíbe expresamente que los abogados litigantes participen en el nombramiento de jueces con cualquier gestión, bajo pena de multa, bajo pena de cárcel y bajo pena de inhabilidad para ejercer la profesión por 10 años", explicó Manouchehri.
En segundo término, "se prohíbe expresamente el lobby de cualquier tipo en el Poder Judicial. Y, en tercer lugar, que cualquier autoridad o persona que se acerque a una persona de gobierno que está a cargo de la designación de un alto magistrado tenga la obligación esa autoridad de ponerlo en un registro", agregó el legislador.
En particular, la iniciativa busca modificar la ley N°20730 que Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, en el artículo 4 Numeral 8. De tal forma, el artículo indicaría que "queda prohibida la realización de lobby y gestión de intereses particulares en el proceso de designación de jueces, miembros de Corte de Apelaciones, Corte Suprema y del Tribunal Constitucional".
Por su parte, la diputada Camila Musante (IND-PPD) se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, para presentar y buscar su respaldo al proyecto de reforma constitucional que modifica el actual sistema de nombramiento de jueces y ministros "para blindar al Poder Judicial de las presiones externas".
En el proyecto se propone la creación de un organismo constitucional, autónomo, técnico y colegiado, con el nombre de Consejo Judicial, que se encargará en forma exclusiva de la formación, función disciplinaria y nombramiento y designación de ministras y ministros de Corte, de Fiscales Judiciales de Corte, y jueces letrados pertenecientes a los Tribunales de Justicia que integran el Poder Judicial.
