"La decisión si es impugnada se puede revocar siempre, el asunto aquí es el sumario, el escarnio y la comunicación desde el Poder Ejecutivo", sostiene el abogado y exprocurador Anticorrupción de Perú Julio Arbizu, sobre la denuncia que presentó a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH. como representante del juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Aquello, en el marco del caso "primera línea" (2020), donde el magistrado modificó la medida cautelar de un grupo de 13 personas en prisión preventiva, por desórdenes públicos durante el estallido, por la de reclusión domiciliaria y que se resolvió con la apertura de una indagación interna en su contra y, finalmente, una sanción de amonestación privada, tres años después. Reclama vulnerados derechos como el debido proceso, libertad de asociación, protección judicial y falta de invocación de disposiciones de derecho interno.
