El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad anunciado por el Presidente Gabriel Boric el pasado viernes, y la oposición que ha manifestado la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, a que dicha infraestructura se erija en la comuna.
En conversación con Radio Cooperativa, el secretario de Estado reconoció que "es evidente que los alcaldes defienden los intereses locales, de eso no cabe ninguna duda, y a mi me parece que la reacción de la alcaldesa Hassler, como de cualquier alcalde en este caso, es completamente comprensible".
Ahora bien, advirtió que "la obligación que nosotros tenemos como ministerio de Justicia, es proveer de una infraestructura para el país respecto de este tipo de instituciones, porque de lo contrario el sistema de justicia no puede cumplir su propósito".
"Cuál es la forma razonable de llegar a un acuerdo en torno a medidas de mitigación y compensación, eso es otro tipo de aspectos", continuó, "pero yo creo que no hay que perder de perspectiva de lo que estamos hablando y el interés general que hay detrás de eso, porque de lo contrario, no solo sería imposible construir ningún establecimiento penal en ninguna parte más, sería imposible ampliar un recinto penal en ninguna parte", sostuvo.
Sobre la presunta reticencia de parte del oficialismo a aprobar los proyectos en materia de seguridad que enviará el Gobierno, Cordero advirtió que "esto no es un problema de lealtades gubernamentales o no, esto es un problema de política pública general y de largo plazo para el país".
"El sistema de máxima seguridad requiere una reforma de Gendarmería y requiere una dotación específica para este fin. En segundo lugar, requiere de establecimiento de un sistema de gestión penitenciaria de máxima seguridad", sostuvo.
Por tanto, afirmó que "decirle que no a un proyecto de estas características, es decirle que no a una gestión que es central para el cumplimiento de la ley, respecto del cual todos los operadores del sistema de justicia están de acuerdo. Entonces es un tema de responsabilidades compartidas", sostuvo.
"Si hay alguien que quiere mirar esto en perspectiva coyuntural, lo que está haciendo es comprometiendo el desarrollo, el cumplimiento del sistema de justicia, para la próxima década", cerró.
