El Consejo para la Transparencia realizó una fiscalización a las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación del país, con el objetivo de detectar si dichos organismos publicaban en sus sitios de transparencia activa la información en torno a los establecimientos que han tenido que suspender, de manera parcial o completamente, la jornada debido a la delincuencia.
Esto ya sea por balaceras, narcofunerales u otros, señalando el nombre del centro educativo, la comuna donde se ubica, además del motivo de suspensión.
Dicha fiscalización reveló que se desarrollaron más de 1.200 actos que autorizaron suspensiones de clases el año 2022 y cerca de 750 en 2023. Del total de documentos analizados, solo 490 disponían de información respecto a la causal de cancelación de la jornada.
Durante el proceso se analizó la información del periodo 2019 a 2023 publicada en transparencia activa por la Subsecretaría de Educación, que publica de manera centralizada la información referente a esta materia correspondiente a las diferentes Secretarías Regionales Ministeriales de Educación del país.
La investigación también evidenció que existe heterogeneidad en la forma de publicar las resoluciones que aprueban la suspensión de clases. Por ejemplo, no todas las resoluciones indican la ubicación geográfica, ya sea región, comuna o provincia, donde ocurre la suspensión.
En específico, el informe del CPLT identificó que las regiones con mayor número de resoluciones relacionadas con esta materia son Valparaíso, Arica y Parinacota y La Araucanía.
Mientras que las comunas donde predomina este tipo de actos administrativos fueron Arica, Viña del Mar, Valparaíso, Coyhaique y San Antonio.
Lo anterior fue calificado como una realidad "preocupante" por el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, que señaló que "más allá de un eventual incumplimiento legal, es preocupante que en ciertos casos esta información no esté publicada o lo esté de forma incompleta o errónea. Ello, porque la transparencia en la gestión ministerial es fundamental para promover la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control social, lo que contribuye, a su vez, a fortalecer la democracia".
Además, sostuvo que "esta falta de información dificulta el acceso de la ciudadanía a información que es de total interés público, como lo es, por ejemplo, aquella referida a las consecuencias de la delincuencia en la actividad escolar, que ha llegado al extremo de generar la suspensión de clases. No olvidemos que, según las últimas encuestas disponibles, la delincuencia es la primera preocupación de los chilenos".
Detalles de causales
Al analizar las causales de suspensión de la jornada estudiantil, la fiscalización de la CPLT encontró solo 490 documentos que disponen de información respecto a ello, es decir, solo un 16% del total analizado contaba con algún tipo de respaldo.
El principal motivo mencionado fue el de "fuerza mayor" con 232 documentos de 490 (47%), seguido por "Covid" con 93 resoluciones (19%).
Con base en la revisión del sitio de transparencia de la Subsecretaría de Educación, se evidenciaron ciertos incumplimientos a la normativa de Transparencia Activa: tipologías genéricas, información no disponible e inconsistencia en la información pública. Además de una falta de estandarización en la forma de publicar las resoluciones asociadas a la suspensión de clases.
Sobre lo anterior, Navarrete sostuvo que "las seremías están obligadas a cumplir con la Ley de Transparencia, la cual es muy clara en señalar que deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, y de forma actualizada, los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, dentro de los que se encuentran aquellos que autorizan la suspensión de clases. En este caso, la publicación se hace a través de la Subsecretaria de Educación, que centraliza la información de cada seremía".
La investigación mencionada se realizó, ya que el CPLT tiene como deber garantizar, promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, por lo que realiza de manera periódica fiscalizaciones en transparencia activa a los servicios públicos para determinar se cumplen la normativa legal.
