La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se encuentra en el ojo del huracán. Esto, luego de que el medio Ciper revelara conversaciones de la magistrada con el abogado Luis Hermosilla, en las que le pedía apoyo para llegar al máximo tribunal y en las cuales también se revelan una serie de favores concedidos por ambas partes.
En concreto, constata el medio citado, los chats dan cuenta de esfuerzos entre Hermosilla y Vivanco para impulsar ciertas candidaturas al Tribunal Supremo y boicotear otras.
Asimismo, y con Hermosilla trabajando para el Ministerio del Interior, las conversaciones evidencian que Vivanco le habría entregado al penalista información confidencial en relación a casos de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. Esto, en un contexto en donde abundaban las acciones contra uniformados por violaciones a los Derechos Humanos, en el estallido social.
Los antecedentes alentaron a los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Daniella Cicardini (PS) a anunciar una posible acusación constitucional en contra de la Ministra. Frente al recurso, parlamentarios de distintos sectores se han mostrado divididos. Mientras algunos apoyan avanzar en esa línea, otros piden que se espere la investigación.
"Esto es gravísimo"
"Los antecedentes de Ciper respecto de la ministra Vivanco dan cuenta de la ramificación del cáncer de Hermosilla en el Poder Judicial. Y es de los hechos más graves que hemos conocido en este caso", comentó la diputada Daniella Cicardini.
Agregó, en esa línea, que "evidencian manipulación de la justicia chilena, por lo tanto son antecedentes que ameritan absolutamente avanzar en el estudio de la presentación de una acusación constitucional, que es lo que estamos haciendo junto diputado Manouchehri y que esperamos conversar con otros parlamentarios".
"El día lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla", detalló, por su parte, Manouchehri.
Con la postura de los diputados se cuadró la parlamentaria Camila Musante (Ind.). Según explicó, "necesario y oportuno presentar una acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco a propósito de estos hechos que la comprometen más allá con el caso Hermosilla, incluso la podrían haber comprometido en la manera en la que ella dictaba sentencias".
"Esto es gravísimo -añadió- y me parece correcto perseguir la responsabilidad constitucional y política de la ministra. Hoy creo que la clave también está en avanzar en el proceso penal".
Desde la Democracia Cristiana también habría apoyo para una acusación constitucional. El diputado Eric Aedo, jefe de la bancada de esa tienda, señaló a través de su cuenta de X que "lo que hemos conocido en las últimas horas en relación a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, es realmente brutal".
Aseveró, así, que se configuran los elementos para una acusación constitucional. "Realmente el máximo tribunal de justicia de Chile no se merece ese tipo de ministra en la Corte Suprema", sostuvo.
El diputado Marcos Ilabaca (PS), por su parte, aseveró que la "señora Vivanco no puede seguir siendo ministra de la Corte Suprema y es necesario poder hacer un mea culpa por parte de los ministros de la Suprema respecto a estos graves hechos y las graves consecuencias". En esa línea, sostuvo: "Esto es de la máxima gravedad y es necesario actuar inmediatamente".
Otros diputados, no obstante, han sugerido esperar que avance la investigación. Es el caso de Ximena Ossandón (RN), quien señaló que "habrá que ver los antecedentes y si existe mérito para una acusación constitucional, pero lo que me llama la atención es ver cómo algunos parlamentarios parecieran festinar de esta situación en vez de entender esto como una oportunidad para generar cambios institucionales"
"Siento que no es momento para estar ni felices ni viendo oportunidades para dar cuñas y anunciando acusaciones, sobre todo cuando la institucionalidad está claramente en juego", agregó también.
El diputado José Miguel Castro, de la misma tienda, también hizo declaraciones en ese sentido. "La justicia no ha terminado de actuar, por lo tanto, creo yo que es apresurado tomar una decisión como esa, independiente que tengamos la facultad", dijo.
Expresó, asimismo, que "lo que hay que dejar es que los poderes del estado actúen de forma independiente y después, terminado el proceso, podremos tomar una decisión como esa si es que amerita".
Otros parlamentarios han anunciado que actuarán, pero por medio de otros recursos. Una de ellas es la diputada Karen Medina (Ind.), quien señaló que "presentaremos nuevamente una comisión investigadora, versión 2.0, y que caiga quien caiga, se cumpla con efectividad, tal como está ocurriendo".
"A través de estos audios, vemos cómo se involucran tanto el poder político como el poder judicial para articular nombramientos y, posteriormente, influir en decisiones judiciales", agregó.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) señaló que "vamos a realizar el escrito para iniciar una Comisión Investigadora 2.0 a raíz de los nuevos antecedentes que se han dado a conocer en las últimas horas por el caso Audio, pero también trabajaré junto a la diputada Medina en una iniciativa legislativa para instalar penas graves y que no queden solo en clases de éticas cuando existen casos de corrupción.
"Y que también los partidos no realicen control de daños cuando hay este tipo de problemas, ya que ahora vemos cómo los conglomerados actúan de forma desesperada para que sus figuras no sean dañadas. Cuando hay corrupción de parte de un político el partido, sea de izquierda o derecha, debe dejarlo caer de forma inmediata, y no deben existir defensas corporativas. Para eso está la justicia, quienes deben determinar si es o no culpable", agregó.
