Son tres los ministros de la
Corte Suprema los que, hasta ahora, han aparecido como posibles blancos de una acusación constitucional en el Congreso, en medio de la polémica por tráfico de influencias, tras la revelación de los chats de
Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio.
Se trata del ministro Jean Pierre Matus, quien se vio implicado en el llamado "caso WhatsApp", que se abrió luego de un reportaje de Ciper, que indagaba el presunto tráfico de influencia para los nombramientos de jueces. Allí, se revelaron chats entre el ahora ministro y Hermosilla, en 2019.
En esos chats también aparecieron los nombres de los ministros Mario Carroza, Ángela Vivanco y María Teresa Letelier. A todos se les abrió un proceso administrativo por parte de la comisión de ética del Alto Tribunal. Hasta ahí, el centro del debate se puso en el sistema de nombramientos.
Pero conforme han avanzado las revelaciones de la mensajería de Hermosilla, el escenario se ha vuelto mucho más intrincado, especialmente para Ángela Vivanco, luego que se conocieran los mensajes que sostuvo con Hermosilla para solicitarle ayuda para ingresar al máximo tribunal, hecho que se concretó en 2018. Asimismo, el abogado -quien hoy está en el anexo capitán Yáber cumpliendo prisión preventiva-, le pidió favores de vuelta.
Este capítulo de la trama ha llevado a que Vivanco fuera suspendida de sus funciones, además de la apertura de un cuaderno de remoción por parte del presidente del alto tribunal, Ricardo Blanco. Sobre ello, la jueza tienen un plazo de 20 días para dar alguna respuesta, la que luego será evaluada por sus pares. En paralelo, el Ministerio Público abrió una indagatoria por la llamada
arista muñeca bielorrusa.
El lunes, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), anunció que el libelo acusatorio contra Matus se presentará el 23 de septiembre, mientras que respaldará la acusación contra Vivanco, a la que se pliega también el PPD, DC, FA y PS. En tanto, la acción contra el ministro Muñoz, se "evaluará en su mérito".
Desde Chile Vamos, también han apuntando a levantar un libelo propio contra Vivanco, y además una acción contra el ministro Sergio Muñoz, acusado de filtrar información sensible a su hija -la jueza de Garantía, Graciela Muñoz-, sobre el futuro de proyectos inmobiliarios donde tendría suscritas promesas de compraventa por dos departamentos.
Pero, ¿qué implicancias tiene esta acción contra los ministros de la Suprema? y ¿qué camino se abre en caso de que alguno de los libelos acusatorios prospere? Expertos lo desglosan en conversación con Emol.
El camino tras la AC
El abogado constitucionalista de la UDP, Javier Couso, comenta que los ministros pueden ser acusados constitucionalmente y, de prosperar la acusación y no ser positiva para ellos, son destituidos. Esto, junto con quedar inhabilitados para cargos públicos durante cinco años.
En tanto, si se da el escenario que el pleno de la Corte Suprema decide remover a algún ministro, de todas formas podrían ser acusados constitucionalmente, hasta tres meses después.
"Si llega a prosperar una acusación constitucional contra dos o tres ministros, es un terremoto institucional para el Poder Judicial, es la principal crisis de su historia".
Tomás Jordan, abogado constitucionalista UAH
En caso de la remoción por uno u otro motivo, la Corte Suprema debe presentar una quina al Presidente de la República, para que elija un nombre, el que luego es presentado al Senado.
Sobre este tema, Tomás Jordan, abogado constitucionalista y académico de la UAH, comenta que "si llega a prosperar una acusación constitucional contra dos o tres ministros, es un terremoto institucional para el Poder Judicial, es la principal crisis de su historia". Eso, de paso, obligará a subir el estándar se probidad en el ejercicio del cargo de los ministros y ministras, y no tan sólo en los nombramientos.
Por su parte, Daniel Soto Muñoz, abogado y consultor internacional en derechos humanos, comenta que "la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema Vivanco y Matus, en este contexto, parece asemejarse más a un espectáculo mediático que a un procedimiento jurídico-político sustentado en fundamentos sólidos".
"Da la impresión de que se han seleccionado a estas figuras como chivos expiatorios para expiar las culpas y deficiencias del sistema judicial en su conjunto, especialmente considerando que ambos provienen de fuera del mundo judicial tradicional. No se vislumbra cómo en un debate político pueda acreditarse el incumplimiento o desatención grave y, además, reiterada y manifiesta sus funciones y obligaciones de jueces", acotó.
