BEIJING.- Mei Qiuyu sabe bien lo que supone no acatar la ley del hijo único en China: abortos forzados, hijos sin derecho a la sanidad o la educación e, incluso, confinamientos en cárceles no oficiales. Ella ha pasado por todo, pero hoy, dice, sigue sin rendirse.
La mujer, antigua campesina de 47 años, es el claro ejemplo del legado de los más de treinta años de férreo control de la natalidad en China.
Las autoridades le permitieron tener dos hijos con su primer marido por vivir en una zona rural poco poblada y tras el pago de una pequeña multa, pero no accedieron a que siguiera concibiendo cuando se casó con su segundo esposo.
"Mi primer matrimonio era por conveniencia y nuestros caracteres no encajaban", dice la mujer en su pequeña vivienda en Beijing, adonde las dificultades le han llevado.
Tras casarse por segunda vez, Mei decidió emprender una batalla por cumplir su sueño y el de su esposo de construir una familia. Y acabó sufriendo un aborto forzado.
La gestación "tenía siete meses", recuerda hoy, sin querer dar muchos detalles, ya que, dice, las autoridades "ya le han compensado" por ello.
El aborto forzoso cambió radicalmente su vida. Mei se convirtió en peticionaria, esos ciudadanos chinos que se trasladan o emigran a Beijing en busca de "justicia" al no encontrar respuesta en su provincia o localidad, y acabó encerrada dos años en uno de los ya abolidos campos de reeducación.
Al salir, no abandonó su propósito y consiguió dar a luz a dos hijos, pero a espaldas de las autoridades. Para la administración todavía no existen.
"Mis niños me preguntan por qué vivimos en China", se lamenta Mei en su piso a las afueras de la capital, mientras uno de sus pequeños, de cinco años, se pasea por los pasillos sucios y rotos de su edificio.
El menor y su hermana, de 12 años, no tienen derecho a la educación pública ni a la sanidad. Forman parte de los llamados niños de "hukou -una especie de carta de ciudadanía- negro", una de las consecuencias de los límites a la natalidad que el Gobierno ha anunciado esta semana que va a regularizar.
El Presidente chino Xi Jinping ha anunciado la concesión de ese "hukou" a 13 millones de personas que, como los niños de Mei, no están registradas en la administración pública, si bien el número data de 2010 y actualmente podría ser mucho mayor.
Además de los "segundos hijos", que podrían suponer hasta el 60 por ciento de esos 13 millones de beneficiados, otros afectados por la medida serán niños huérfanos, vagabundos o incluso personas que perdieron su "hukou".
"No van a solucionar nada", dice contundente Mei. Ella está viviendo los inicios de este proceso de registros y ya se ha topado con problemas.
En su caso, las autoridades le han dado una lista de "hukou" de diferentes sitios, entre los que no figura la ciudad de origen de su marido, la próspera Dalian, donde ambos se conocieron y en la que él aún trabaja.
"Según la tradición china, la mujer y los niños deben trasladarse al lugar del hombre. Mis hijos deberían tener por derecho un 'hukou' de esa ciudad", comenta indignada, a sabiendas de que este permiso podrá marcar el futuro de sus niños.
Este documento proporciona acceso a muchos servicios básicos en China pero siempre en la ciudad o provincia en la que se haya concedido, por lo que limita la movilidad dentro del país.
Mei cree que todo se trata de una "represalia". "Son las autoridades de Dalian las que se niegan, a las que denuncié por mi aborto", comenta entre lágrimas.
Por eso ahora se muestra escéptica con las nuevas promesas del Gobierno. "Confío en el Ejecutivo (central), pero no en los funcionarios locales", explica, y cree que la nueva política que permite tener dos hijos a todos los ciudadanos no supone un gran cambio para el país.
"A mí no me cambia nada", defiende mientras prepara la mesa sin quitarse el abrigo en casa. Las autoridades, comenta, le han cortado la calefacción. "Quieren expropiarnos -añade-. Es su manera de hacer presión".
