El domingo 26 de abril de 2020 es la fecha tentativa en la que se realizaría un plebiscito para preguntarles a los ciudadanos si quieren una nueva Constitución Política y el mecanismo para crearla. Si la respuesta es sí, dicho proceso cambiaría la Carta Fundamental vigente desde 1980 en Chile.
Así quedó definido en el documento que forma parte del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, medida a la que llegó el Congreso Nacional para buscar una salida institucional a la crisis que vive el país hace poco más de un mes.
¿Qué implica este cambio para enfrentar las demandas ciudadanas? ¿Cómo se llevará adelante este proceso constitucional? Tomás Vial, abogado constitucionalista, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Andrés Bello, explica lo que se viene para el país.
Las demandas sociales
El abogado indica que una Carta Magna puede "precisar las obligaciones del Estado respecto a los derechos sociales y económicos, como la salud o la previsión". Por eso, recalca que la discusión que se avecina permitirá ver "cuáles son las necesidades, demandas y cómo las colocamos en un texto constitucional".
En ese sentido, el experto de la Unab destaca que el acuerdo al que se llegó el 15 de noviembre fue "histórico". "Nunca en la historia de Chile la Constitución ha sido consecuencia de una participación amplia y democrática de los ciudadanos", dice.
Ahora, sobre la posibilidad de que una nueva Constitución se haga cargo de las demandas sociales, dice que "muchos temas dependen de la ley y de lo que el Gobierno pueda hacer, pero otras dependen de procesos más largos, como por ejemplo, crear un sistema de salud que asegure a todos una salud digna".
Y para lograr eso, señala que "en la medida que la Constitución asegure que tengamos autoridades en las que podamos confiar, ese proceso de reformas va a poder llevarse a cabo con mayor efectividad".
Los mecanismos y plazo
Si en el plebiscito del próximo año se aprueba realizar una constitución, el próximo paso es decidir bajo qué mecanismo.
Las alternativas incluidas en el Acuerdo son una Convención Mixta, entre parlamentarios y ciudadanos elegidos, y una Convención Constituyente, compuesta exclusivamente por ciudadanos elegidos. Vial considera que la segunda opción probablemente "tendrá una abrumadora mayoría, dada la falta de confianza que hay en los partidos políticos".
Independiente de eso, el abogado explica que, según el Acuerdo,
el proceso para elegir a los constituyentes será el mismo mecanismo de la elección de parlamentarios vigentes.
"Hoy tenemos un sistema proporcional moderado y que está pensado para candidatos de partidos políticos. Entonces, la pregunta es ver cómo se van postular los independientes, ya que la regla es que los partidos tienen que tener listas, entonces lo que se tiene ver es si se armará una lista de independientes y con qué requisitos para que haya igualdad en la competencia, porque la ley electoral solo permite que los candidatos independientes se presente de forma aislada y sin lista", asevera.
Por otro lado, para realizar la nueva constitución, después del plebiscito, hay un plazo de nueve meses prorrogable por tres. "Esto tiene que terminarse antes de la próxima elección presidencial y parlamentaria que es en noviembre de 2021, entonces lo ideal es que la constitución esté aprobada antes, ese sería el orden lógico".
Quórum de dos tercios y la "hoja en blanco"
El acuerdo firmado por el Congreso indica que las normas que formarían parte de una Constitución deben ser aprobadas por dos tercios de los miembros de la convención.
Sobre este punto, Vial dice que es "un quórum alto que existe en otros países y obliga a todos los sectores políticos a negociar y a acordar un texto común".
Ahora bien, en caso de no haber acuerdo en temas relevantes, el abogado expresa que
"se va a tener negociar en conjunto porque hay cosas que no pueden quedar fuera de la Constitución". Asimismo, lo que no queda en el texto final, "queda en principio para el proceso político legislativo posterior, pero no necesariamente puede ser materia que se convierta en ley".
Con respecto al concepto de que esta nueva Constitución partiría con "hoja en blanco", el académico de la Unab sostiene que eso es "relativo".
"Jurídicamente no quedaría nada de la Constitución anterior, pero que cuando se redacta un texto constitucional nuevo se debe considerar que en Chile hay una tradición constitucional de casi 200 años donde han habido acuerdos, entonces lo lógico es empezar redactando a partir de lo que hemos tenido y modificarlo de acuerdo a las necesidades actuales", apunta.
