TOKIO.- La posibilidad de que no todos los aficionados extranjeros que visiten Japón en la próxima Copa Mundial de Fútbol sean ciudadanos respetuosos de la ley, es motivo de alarma entre propietarios de comercios y autoridades locales que desconocen la violencia de los "hooligans".
El anuncio de que la selección inglesa jugaría en Japón sus partidos de la etapa inicial de la copa -que celebrarán Corea del Sur y Japón entre mayo y junio de 2002-, fue una ducha de agua fría para las sedes niponas donde la percepción de que el certamen futbolístico es más popular que los Juegos Olímpicos empieza a ser ensombrecida por el añadido de "y más violento".
El típico "hooligan" inglés, con el puño en alto y la bandera de la Union Jack pintada sobre el rostro crispado, preside artículos especiales de diarios deportivos japoneses en los que en un tono nada tranquilizador se anuncia que una batalla campal se avecina.
El periódico conservador Yomiuri ha recordado que Argentina e Inglaterra libraron en 1982 la guerra de las islas Falklands (Malvinas) y advirtió de los repetidos incidentes que se han sucedido entre los aficionados de los dos poderosos equipos que jugarán el 7 de junio en la norteña ciudad de Sapporo.
Como en otros deportes, la afición futbolística japonesa es conocida por su alto nivel de conciencia ciudadana ya que abandona los estadios en orden llevando una bolsita con su basura después de los partidos.
Tal vez por eso, al ver un vídeo con escenas de violencia e incendios provocados por los hooligans después de un partido, el propietario de un local situado cerca del estadio de Osaka, al oeste del país, exclamó: "¿Y son estos los que vendrán?"
La oportunidad para un nuevo servicio ha sido aprovechada por la aseguradora de no vida Nisshin Fire & Marine, que ofrece un seguro contra daños perpetrados por los hooligans llamado el "2002 Safety Hokken" (Seguro de protección) y que será válido entre mayo y junio en Yokohama, sede de la final.
Ante la posibilidad de que tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos las 10 sedes japonesas y alojamientos de oficiales, deportistas y prensa sean blanco del terrorismo, los organizadores japoneses aumentaron hasta 21 millones de dólares el presupuesto de seguridad.
Japón aumentará además el uso de detectores de metales, aparatos de ratos X y, cámaras de vigilancia y personal de seguridad.
La ley de inmigración fue revisada para impedir la entrada a Japón de personas acusadas o deportadas de otros países "por perturbar reuniones deportivas" y, según las autoridades, se podrán expulsar extranjeros que participen en desórdenes relacionados con los encuentros.
Las autoridades niponas han pedido que Inglaterra envíe "spotters", observadores especializados que pueden identificar hooligans reconocidos entre la multitud.
Por otra parte, Tokio confía que una ley británica de control de pasaportes diseñada para frenar la salida de los hooligans se sume a la distancia geográfica y al estricto control de venta de billetes a los partidos para desanimar la visita de los violentos aficionados.
La embajada británica, por su parte, organizó un seminario a comienzos de este mes con el fin de dar a entender a los japoneses la diferencia entre el hooligan y el aficionado inglés promedio que "bebe, canta y vocifera pero no causa ningún daño antes de irse a dormir".
Aunque los hooligans han sido calificados de pertenecer a las clases menos favorecidas, el abaratamiento de tarifas aéreas tras el 11 de septiembre parece haber aumentado la incertidumbre de los comerciantes japoneses que deberán decidir entre aprovechar una ocasión única de lucro o cerrar la tienda y disfrutar los goles.
