BUENOS AIRES.- En una muestra de dinamismo del gobierno y para generar confianza en el exterior, el presidente argentino Fernando de la Rúa lanzó 30 decretos de forma simultánea que buscan modernizar el Estado, agilizar obras y reducir gastos.
Tras una extensa reunión de gabinete, el jefe de gabinete, Chrystian Colombo, y los ministros de Economía, José Luis Machinea, y de Trabajo, Patricia Bullrich, y el secretario de Turismo, Hernán Lombardi, anunciaron anoche el paquete de medidas.
Los decretos en general no sorprendieron porque casi todos los temas venían siendo tratados en el trabajo diario del Poder Ejecutivo, y desde distintos sectores se aseguró que era un 'lanzamiento mediático' para mostrar la acción del gobierno.
Las resoluciones más importantes impulsan la modernización del Estado, en un programa que brinda 120 días a los ministerios para presentar sus propuestas de ahorro; el traspaso de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la órbita del Palacio de Hacienda a la Jefatura de Gabinete y la eliminación de las jubilaciones de privilegio.
También se dispuso la concentración de los medios de comunicación estatales en un solo multimedios, la reglamentación de la ley de defensa de la competencia y otros cambios administrativos intraministeriales.
En lo que respecta a concesiones a empresas privadas o firmas privatizadas, se aprobó la renegociación de los contratos por los servicios en los corredores viales y que implicarían una reducción del costo del peaje en un 8%.
También se ratificó el contrato renegociado con un concesionario ferroviario, que prevé inversiones por US$ 1.300 millones a cambio de aumentos paulatinos en los boletos de tren de hasta el 60%.
Se decretó además la posibilidad de ampliar el uso de mano de obra nacional en la pesca del calamar, y se resolvió fomentar las inversiones en minería mediante la extensión de beneficios tributarios a los proyectos binacionales.
Entre otros puntos se aprobó un acuerdo para brindar energía a barrios carenciados y se reglamentó el sistema integrado de inspección del trabajo y la seguridad social.
Se modificó también la composición de la unidad especial de investigación del atentado terrorista contra la sede de la mutual judía en la Argentina AMIA, ocurrido en 1994 y que dejó 86 muertos, al quedar incorporada la Oficina Anticorrupción.
Sin embargo, hubo algunas decisiones importantes que eran esperadas y no fueron incluidas en el paquete de decretos, como por ejemplo la reglamentación de la ley contra el lavado de dinero y la prohibición de futuras moratorias y blanqueos impositivos.
