SANTIAGO.-Un proyecto de ley tendiente a regular y criminalizar la conducta constitutiva de estafa o fraude en que recurrirían algunas empresas constructoras e inmobiliarias al celebrar contratos de promesa de compraventa de inmuebles o casas, presentó el diputado socialista Juan Bustos.
Junto a un grupo de vecinos del edificio Quinto Centenario de Quilpué, afectados por una supuesta estafa, el parlamentario sostuvo que son innumerables familias, especialmente de los sectores más pobres del país, las que con el fin de obtener el anhelado sueño de la casa propia celebran con estas empresas "contratos de promesa" por montos que incluso llegan a la totalidad del valor de la compraventa prometida.
Sin embargo, acotó Bustos, no existe ninguna garantía ni seguridad ante una eventual insolvencia de las constructoras. "Es más-dijo-, de acuerdo a investigaciones realizadas por la justicia ordinaria, queda demostrado que los fondos recaudados en los proyectos inmobiliarios sobre la base de esos contratos de promesa, son traspasados a otros proyectos inmobiliarios para que luego la empresa recaudadora se declare insolvente, frustrando de ese modo las acciones de orden patrimonial de los perjudicados por los contratos incumplidos".
Por esa razón, y frente a la indefensión en que quedan las familias al no poder acceder finalmente a su vivienda, y más encima perder los recursos económicos que con tanto esfuerzo lograron reunir, el diputado Bustos afirmó que se hace necesario realizar profundas modificaciones legales para regular y castigar a quienes incurran en este tipo de estafas.
Entre las modificaciones propuestas al Código Civil, la iniciativa del parlamentario plantea agregar al artículo que regula el Contrato de Promesa (1.554) la exigencia de una "Póliza de Garantía" por un monto igual al pactado en la compraventa definitiva, a favor del comprador, ante el evento de incumplimiento del contrato dentro del plazo pactado, asegurando así la responsabilidad patrimonial de la empresa vendedora.
En cuanto al Código Penal, el diputado PS explicó que el proyecto tipifica como estafa la omisión del requisito o exigencia de la "Póliza de Garantía", considerando autor de ésta tanto al que suscribe como el que ordena suscribir el contrato de promesa respectiva, omitiendo la exigencia legal.
