BUENOS AIRES.- La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, advirtió el sábado que el Gobierno ya no tiene mecanismos legales que le permitan buscar una solución para la compañía Aerolíneas Argentinas y en consecuencia se pueden producir nuevos despidos y huelgas.
"Veo una situación de mucha incertidumbre porque la compañía ya está volando con muy baja cantidad de vuelos y el lunes no sabemos lo que va a hacer", manifestó Bullrich en declaraciones radiales.
Explicó que el Gobierno "ya no cuenta con mecanismos legales para obligar a las partes a no tomar una decisión", y no descartó que en el corto plazo "se pueda volver al conflicto anterior (...), se produzcan despidos y medidas de fuerza".
Las declaraciones de Bullrich tuvieron lugar horas después de que fracasaron una serie de negociaciones encabezadas por el Gobierno para superar el conflicto que afecta a la línea de bandera nacional y amenaza con llevarla a la quiebra.
El viernes la empresa amenazó con no pagar los salarios de abril que había prometido abonar el próximo martes, después de que uno de los siete gremios aeronáuticos se negó a firmar una propuesta de arbitraje para resolver los problemas entre las partes.
La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) dijo que el próximo martes se reunirá en asamblea para definir si acepta o no el arbitraje, pero Bullrich la responsabilizó por el fracaso de las negociaciones.
La propuesta de arbitraje apuntaba a garantizar la estabilidad laboral durante dos años, pero ponía en discusión los convenios de trabajo, lo que podría significar reducciones salariales y prolongación de las jornadas laborales.
Bullrich se reunió el sábado con directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la empresa española que posee el 85% de las acciones y administra a Aerolíneas, en un intento por evitar que se produzcan despidos.
En 1990, el Gobierno del entonces Presidente Carlos Menem privatizó a Aerolíneas Argentinas sin deudas. Una década después, acumula una deuda de unos 1.000 millones de dólares. El Estado argentino conserva un 5% de sus acciones y el 10% restante pertenece a los empleados y accionistas minoritarios.
Para rescatar a la compañía, la SEPI propuso un plan de ajuste que contempla unos 1.400 despidos, al que los empleados respondieron con huelgas.
