SANTIAGO.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile formuló un urgente llamado al Gobierno a postergar la entrada en vigencia -el 1 de julio próximo- de la norma que está contenida en la Ley sobre Evasión Tributaria y que dispone que para hacer uso del mecanismo de crédito fiscal, las empresas deberán pagar a sus proveedores una parte "a lo menos equivalente al monto del IVA que grava dicha operación".
La entidad explicó que frente a la entrada en vigencia de la modificación introducida a la Ley del IVA recientemente promulgada -destinada a controlar la evasión tributaria-, en la que se dispone que para hacer uso del mecanismo de crédito fiscal será necesario tener pagada una parte del precio equivalente a lo menos al monto del IVA que grava la respectiva operación, se han efectuado análisis preliminares de los cuales surgen importantes dudas acerca del alcance y consecuencias que esta norma tendrá para la relación entre proveedores y establecimientos comerciales, así como en la operatoria financiera y tributaria de las empresas.
A este respecto, la organización precisó que en la norma en su sentido literal no queda claro si lo que se exige es el pago efectivo del impuesto o de una parte del precio equivalente a dicho impuesto.
Por lo tanto, si la interpretación correcta fuera la primera se dejaría al contribuyente a cargo de fiscalizar el pago de impuesto, en circunstancias que no es su función. Por cierto que es el propio SII al cual se le está dotando de recursos para cumplir dicha función, añadió la CNC.
Este cambio de mecánica sobre la cual está estructurado el IVA y deja en "suspenso" por parte del comerciante la utilización del crédito fiscal, porque no tiene cómo saber si su proveedor lo enteró o no en las arcas fiscales.
En definitiva, esta norma altera la esencia de la estructura del IVA que sólo grava, como lo indica su denominación, el valor agregado de la cadena productiva en un producto determinado. Además, se entromete indebidamente en la relación entre comerciantes y proveedores, pretendiendo alterar y rigidizar los términos de la misma, sin conseguir su propósito. Dicha rigidización será soportada finalmente por los mismos proveedores, a quienes supuestamente se pretendía favorecer, enfatizó la CNC.
Por lo tanto, la norma encarecerá los productos y tendrá un efecto negativo en el propio consumidor, quien será el que finalmente absorba el mayor costo asociado a esta medida.
La CNC recordó que hizo presente todos estos argumentos, en conjunto con la CPC, durante la tramitación de la iniciativa legal que dio origen a esa norma, particularmente a los parlamentarios, las cuales indudablemente no fueron acogidas por estos mismos.
En estas circunstancias, la entidad solicitó al Gobierno en general y al SII en particular una urgente aclaración del verdadero sentido y alcance de la norma.
Mientras esto no se haya logrado, la CNC solicitó formalmente que la norma no entre en vigencia o que -si ello se produce- sea derogada, si se confirman las aprensiones antes expuestas.
