VALPARAISO.- Un oficial retirado de la Marina chilena denunció que este país recibió presuntas "presiones políticas" de España y Francia para concretar la adquisición de dos submarinos a un consorcio integrado por empresas de ambas naciones, en desmedro del modelo alemán.
Las revelaciones fueron hechas anoche por el vicealmirante en retiro Juan Mckay ante la comisión que investiga irregularidades en la compra de los sumergibles.
Sin embargo, el experto en submarinos no quiso hacer comentarios a la prensa, por lo cual sus declaraciones recién fueron dadas a conocer hoy por el diputado derechista Baldo Prokurica, quien integra la comisión investigadora.
El parlamentario señaló que la gravedad del testimonio "no sólo genera un vuelco, sino que asegura una nueva línea de investigación".
De acuerdo a las declaraciones del vicealmirante McKay, el submarino alemán, el 209-1400 MOD que también había sido preseleccionado, era 200 millones de dólares más barato que el Scorpene del consorcio franco español DCN Bazán (actual Izar Construcciones Navales).
Sin embargo, esta situación habría variado cuando DCN-Bazán recibió una especie de subvención que dejó a los submarinos con un precio dos millones de dólares inferior al alemán y fueron modificadas una serie de exigencias.
El vicealmirante McKay había señalado previamente que la licitación para la compra de los submarinos fue cerrada en julio de 1996 y que en septiembre de ese año, el Scorpene fue desechado por su alto costo y ser un prototipo.
No obstante, en enero de 1997, poco después del retiro de McKay de la Armada, la licitación fue adjudicada en forma sorpresiva al consorcio DCN Bazán y el contrato finalmente suscrito en diciembre de ese año.
El presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados chilena, el socialdemócrata Guillermo Ceroni, señaló que el testimonio del oficial confirma que "en el fondo no hubo una transparencia adecuada de los gastos que se hicieron en la compra de estos submarinos".
Tanto el jefe de la Armada que firmó los contratos de compra en 1997, almirante en retiro Jorge Arancibia, como el actual comandante en jefe de la institución, Miguel Angel Vergara, han asegurado que la operación se realizó de manera "limpia y transparente".
En ese sentido, también negaron que se hubiera desviado dineros de esta compra para financiar la estadía y costos de la defensa legal del ex gobernante militar chileno Augusto Pinochet mientras estuvo detenido en Londres entre octubre de 1998 y marzo del 2000 por orden del juez español Baltasar Garzón.
Sin embargo, el presidente de la comisión investigadora remarcó que a estas alturas no puede descartarse nada y lo que queda es indagar para establecer la verdad de lo ocurrido.
"Aquí no descartamos nada, ni lo de Pinochet ni que pudiera haber presiones políticas. Lo que interesa es llegar al fondo del asunto y ver si hubo transparencia en estos gastos de defensa", dijo.
El parlamentario enfatizó que los gastos militares deben estar basados exclusivamente en el interés del país y no deben estar determinados por situaciones externas, sobre todo cuando se habla de cifras tan altas como 400 millones de dólares.
A su juicio, las declaraciones de Juan McKay obligan a citar a declarar nuevamente a autoridades del gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), bajo cuya administración se firmaron los contratos.
Entre ellos figura el ex ministro de Defensa y actual cónsul en Bolivia, Edmundo Pérez Yoma, quien descartó la semana pasada a la comisión cualquier tipo de irregularidad en la operación.
La comisión de Defensa de la Cámara de Diputados inició su investigación a comienzos de junio pasado, después de que el Tribunal de Cuentas español detectara pagos de comisiones de Bazán (la parte española del consorcio) a la empresa británica Seapoint Enterprises por un monto de 546 millones de pesetas (unos 2,8 millones de dólares).
