BUENOS AIRES.- El vicepresidente de la bancada radical, Jesús Rodríguez, reivindicó hoy la independencia de su colectividad respecto al Poder Ejecutivo y adelantó que la UCR resolvió "configurar una posición no sólo institucional sino política, tratando de tener un punto de vista que reconozca la existencia de la crisis pero que al mismo tiempo sea capaz de incorporar la dimensión de la equidad".
"El bloque de la Alianza ha definido de manera institucional reconocer la existencia de la crisis, no podemos negar la falta de financiamiento internacional, esto quiere decir que hay que profundizar el ahorro, pero de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia creemos que sea posible reducir los haberes jubilatorios", aseveró el parlamentario, citado por Ambito Financiero.
Dijo que "estamos seguros de que tenemos la solución para evitar llegar esa situación dramática de pedirle a un compatriota que ha trabajado toda una vida y que gana 300 pesos, que debe resignar 13% de su haber. Es más, me parece absolutamente ilegítimo y casi discriminatorio".
Rodríguez insistió en que "de la mano de la prudencia y la seriedad, nosotros estamos convencidos de que se puede mantener un déficit cero, vamos a acompañar los proyecto que el Ejecutivo mande al Congreso y con la misma energía y la misma convicción creemos que no se pueden reducir las jubilaciones normales".
Por su parte, el justicialista Marcelo López Arias explicó que la bancada peronista cree "que el decreto tiene defectos tan serios que lo más conveniente es avanzar hacia la derogación del mismo" y añadió que "al mismo tiempo (vamos a) ponernos a trabajar en una alternativa porque tratar de llegar al equilibrio de las cuentas fiscales es algo que compartimos todos los sectores de la sociedad".
"Pero el decreto --expresó el diputado salteño-- tiene vicios jurídicos muy serios, ya que cuando se sancionaron las leyes de delegación de facultades se introdujo una prohibición expresa al gobierno de reducir salarios o jubilaciones".
El asesor externo del Ministerio de Economía, Horacio Liendo, aseguró este miércoles que pretender derogar el decreto 896, que contiene las últimas medidas de ajuste anunciadas por el Poder Ejecutivo, "es como derogar la ley de la gravedad", y pronosticó un "fuerte crecimiento" para el último trimestre si el paquete dado a conocer por el Gobierno logra un respaldo "total".
El economista respondió de esa manera a los legisladores del oficialismo y la oposición que pretenden discutir planes alternativos para excluir del recorte de salarios a jubilados y pensionados que perciben más de 300 pesos y consideró que esa es una "discusión bizantina".
La propuesta de los legisladores de la Alianza de postergar la devolución del impuesto a las Ganancias, aumentar los aportes patronales y derogar el último impuesto al combustible "tiene una relevancia insignificante, porque los recursos no están en el Tesoro", dijo Liendo.
Consultado si existe margen para una negociación en el Congreso, respondió: "El presidente Fernando de la Rúa ha establecido una regla presupuestaria muy simple, que tiene el marco de la realidad: si ingresan los recursos, se paga, (pero) si no ingresan, hay que poner cuotas presupuestarias que pueden ser menores que el crédito o la partida presupuestaria", enfatizó.
Consideró que lo que el Parlamento pretende discutir "no tiene nada que ver con la regla presupuestaria, sino con la distribución del ingreso".
El asesor del ministro de Economía volvió a defender el paquete de medidas con vistas a lograr el déficit cero en la administración pública y afirmó que las medidas anunciadas por Domingo Cavallo y De la Rúa "van en la dirección de la reactivación".
"Una vez que se estabilice la situación de los mercados por un fuerte respaldo a la regla presupuestaria, en el último trimestre se va a generar un fuerte crecimiento de la economía si es que no se modifican las medidas de financiamiento a la inversión", pronosticó.
Advirtió, en ese sentido, que las medidas que plantea el Congreso como alternativa "van contra la reactivación". Otro de los instrumentos que quedó pendiente, tras la firma del decreto de equilibrio fiscal, es la instrumentación del bono federal para saldar deudas.
"Efectivamente, hay conversaciones en esta línea con los ministros de Hacienda de las distintas provincias. No se trata de un título avalado por la Nación, para nada", reconoció Liendo. Explicó que se trata de que "las provincias que tienen problemas presupuestarios de ese tipo y otras con dificultades mayores, están analizando cómo financiarse para poder cubrir esa diferencia hasta que lleguen al déficit cero".
"Algunos pueden utilizar instrumentos como los que usaron en su momento Córdoba o Corrientes. Ellas analizan que esa situación puede ser menos favorable que si todas ellas se juntan y emiten un bono financiero común, un fideicomiso", reveló.
Si finalmente prospera la iniciativa de emitir un bono conjunto, cada provincia lo va a pagar con sus recursos, con lo cual habría que organizar una especie de "clearing" entre la coparticipación de cada una, para que "al vencimiento que dé la serie que cada una ha retirado, eso sea afrontado por el tesoro provincial respectivo", dijo Liendo.
