SANTIAGO.- El gobierno mantuvo firme su decisión de revisar si existen "errores o vicios relevantes" en el decreto tarifario que rige a Telefónica CTC Chile, pese al fallo de la Contraloría que concluyó que el proceso efectuado en 1999 se realizó "ajustado a derecho".
En un escueto comunicado, los ministros de Economía, Jorge Rodríguez; y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Cruz, sostuvieron que "la autoridad debe proceder a analizar si existen los mencionados vicios de legalidad o errores de una trascendencia o relevancia tales que hagan procedente la invalidación del activo administrativo", aludiendo al decreto 187, de 1999.
Con ello, los secretarios de Estado reconocen que harán uso de su facultad para cambiar esta normativa, siempre y cuando puedan comprobar que se cometieron ilegalidades como las planteadas por la empresa.
Cruz y Rodríguez añadieron que "conforme a lo señalado por el órgano contralor, corresponde a los entes técnicos de ambos ministerios analizar e informar a los ministros si la presentación de CTC se ajusta a los presupuestos jurídicos señalados en el mencionado dictamen".
Sin embargo, reconocieron la limitante impuesta por la Contraloría para realizar cualquier rectificación, en el sentido que ésta "no puede afectar los derechos que se hayan incorporado inequívocamente con anterioridad al patrimonio de terceros de buena fe".
Por esa razón, incluso si se llegan a comprobar "vicios relevantes", el gobierno debería tramitar un nuevo decreto tarifario, el cual nuevamente debería pasar por el trámite de toma de razón ante el órgano contralor.
Argumentos de Telefónica CTC
En su presentación, hecha a fines de octubre, Telefónica CTC pidió a los ministros "que se adopten urgentemente las medidas que en derecho procedan a fin de rectificar el Decreto Supremo 187 de 1999, publicado en el Diario Oficial el 21 de agosto de 1999, que fija la estructura, nivel y mecanismo de indexación de las tarifas de los servicios afectos a fijación tarifaria, suministrados por Telefónica CTC".
La compañía aseguró que hay una "serie de errores de hecho y legales", lo cual se tradujo, entre otras cosas, en una baja en los cargos de acceso que cobra la empresa a otras concesionarias por el uso de sus redes desde 63% a 26,6% del SLM.
El informe de Telefónica CTC delineó una serie de aspectos que, a su juicio, deberían revisarse. Entre otros, los cargos fijos, los cargos de acceso y tramo local, los costos tributarios, los emplazamientos óptimos de centrales, la morosidad en el sistema "calling party pays" y los costos correspondientes a las guías de páginas blancas.
A mediados de noviembre, los ministros efectuaron su consulta a la Contraloría,
argumentando que "efectuado un análisis técnico y jurídico preliminar... resultaría procedente reestudiar los antecedentes del caso".
Paralelamente, solicitaron a la Comisión Resolutiva que se pronunciara sobre la posibilidad de subir los cargos de acceso, basándose en el artículo 30 F de la Ley General de Telecomunicaciones.
La entidad antimonopolios respondió la semana pasada que no tiene las atribuciones sobre la materia, ante lo cual la responsabilidad de tomar una decisión quedó radicada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
