SANTIAGO.- Con la participación de los diputados Pablo Lorenzini (DC), Carlos Vilches (RN) y Francisco Encina (PS), se realizó una reunión de los dirigentes que convocan a la primera protesta de usuarios de telefonía, en el palacio Ariztía, con el objeto de analizar los resultados del proceso de fijación tarifaría de Telefónica CTC, el que culminó con un atraso de 9 meses, fijándose hasta el 2009.
Las críticas que realizaron las agrupaciones como el movimiento "Aquí la Gente", Central Autónoma de Trabajadores (CAT), Movimiento Social Independiente (MSI), "Chile Ciudadano", entre otras, es la molestia de la ciudadanía, recogida por los dirigentes y por los parlamentarios, quienes calificaron dicho proceso de "poco transparente y participativo para la ciudadanía".
Las organizaciones realizaron un llamado a los usuarios de telefonía, para una protesta a realizarse el 15 de marzo, día mundial del consumidor, en el frontis del edificio corporativo de Telefónica CTC, a las 18:00 horas.
Las agrupaciones convocaron, a la misma hora a que una "gran caravana de vehículos" se movilice desde alameda con dieciocho hasta el edificio corporativo de la CTC.
Las organizaciones ciudadanas reclamaron por el atraso de 9 meses en la entrega del decreto tarifario, que según estas "deja al descubierto una grave falencia en la Ley de Telecomunicaciones, que no permite que se vean al unísono los intereses de los usuarios con el de las empresas".
Además criticaron "la evidente falta de información a los consumidores, que se vieron sorprendidos el 11 de febrero con el cambio de tramos de las llamadas altas y bajas, agregando un tercero en el segmento económico".
Las agrupaciones señalaron que "se deberá cancelar con efectos retroactivos y los intereses correspondientes, cambiando unilateralmente las reglas del juego, sin información ninguna, que podría calificarse hasta de publicidad engañosa".
Por otra parte, los usuarios de telefonía reclamaron "el alza desmedida de un 16 por ciento en los cargosos en Santiago, entregando un piso desmedido al negocio de la telefonía" y agregaron que con esto se discrimina a los sectores más desprotegidos, "al permitir que los pobres paguen más por llamar menos".
"La falta de transparencia en el proceso de fijación de las tarifas y la escasa participación de los usuarios en dicho proceso, es catalogada por los usuarios como una estafa legal", agregaron las agrupaciones que representan a los ciudadanos.
También reclamaron por la falta de confianza en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) que se encuentra, según ellos "más cercano a las empresas que a la ciudadanía".
