Andrónico Luksic. |
Fernando Pacheco. |
Gonzalo Menéndez. |
LIMA.- Tres ejecutivos de la empresa chilena Lucchetti fueron declarados reos contumaces por la justicia peruana que pidió su captura, tras no presentarse este jueves al inicio de un juicio formal por tráfico de influencias, informó a la AFP una fuente del Poder Judicial de Perú.
La Primera Sala Anticorrupción, que sesiona en la localidad del Callao, vecina de Lima, anunció las medidas al no presentarse al juicio los empresarios Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco, ejecutivos de Lucchetti, quienes han alegado falta de garantías para presentarse ante el tribunal.
Los empresarios están bajo acusación de haber obtenido favores judiciales de Vladimiro Montesinos, ex jefe de los servicios secretos durante el régimen del destituido Presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Esas influencias, según la acusación, fueron usadas para ganar una demanda al municipio de Lima en 1998 y poder terminar la construcción de una planta de la fábrica en el sector conocido como Pantanos de Villa, al sur de Lima, que es una reserva ecológica.
Previamente a la petición de captura, la defensa de los ejecutivos de la empresa Lucchetti había solicitado a la Justicia peruana que autorice a Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco a declarar ante jueces chilenos en la investigación por tráfico de influencias que se les sigue en el vecino país.
El pedido estába basado en la aplicación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Derecho Penal del año 1992, ratificado por Perú (1995) y Chile (2004).
Según explicó el abogado que encabeza la defensa de los ejecutivos, Carlos Caro, "esto permite que un Estado parte de la Convención pueda recibir testimonios y declaraciones en general de otro Estado. En este caso, nuestros patrocinados pueden prestar declaraciones ante un juez o tribunal chileno o en su defecto se puede realizar una teleconferencia, práctica muy común en procesos penales europeos y anglosajones en general".
La defensa acusa la discriminación y falta de imparcialidad en que incurre el juzgado que tramita el caso.
