Dirigentes sindicales protestan en Brasilia antes de la votación del nuevo salario mínimo

BRASILIA.- Dirigentes sindicales protestaron hoy en Brasilia contra el aumento del 5,88% que ofrece el Gobierno de Dilma Rousseff para el salario mínimo y exigieron un alza mayor, lo que según el Ministerio de Hacienda causaría un "descontrol fiscal".

La manifestación, que según la Policía congregó a unas 1.500 personas, se desarrolló sin incidentes frente al Congreso, donde hoy está previsto que el asunto sea sometido a votación en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo tiene una amplia mayoría.

El alza ofrecida por el Gobierno llevaría el salario mínimo a 545 reales (US$328 dólares), pero los sindicatos y la oposición exigen una subida mayor, con diversas propuestas que varían entre 560 y 600 reales (entre 337 y 361 dólares). El asunto fue objeto este martes de un debate previo en la Cámara baja, que invitó a representantes del Gobierno, de los sindicatos y de la empresa privada a exponer sus posiciones.

La voz del Gobierno la asumió el ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, quien recordó que el salario mínimo aumentó un 57% entre 2003 y 2010 durante la gestión del ahora expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff.

Explicó que, debido a los efectos remanentes de la crisis global, el Gobierno ha debido aplicar un fuerte recorte en el presupuesto nacional para este año, que prevé un salario mínimo de 545 reales, y advirtió que un alza mayor afectaría las cuentas públicas.

"Acabamos de hacer una fuerte reducción del presupuesto y no podemos dar un aumento mayor", afirmó Mantega, quien apuntó que el país no puede "arriesgarse a tener un descontrol fiscal, porque ello tendría impacto en la inflación".

Según el diputado Paulo Pereira da Silva, quien también preside la central obrera Fuerza Sindical, el aumento que piden los sindicatos (a 560 reales) supera solamente en 15 reales (9 dólares) la oferta del Gobierno.

"Son 15 reales más por mes, o 50 centavos más por día, que no servirían ni para comprar un pan, pero sí para ayudar un poco a los casi 50 millones de brasileños que ganan el salario mínimo", declaró el diputado este martes. El gerente ejecutivo de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Flavio Castelo Branco, quien tomó la palabra en nombre del sector privado, defendió la oferta del Gobierno y alertó sobre el impacto de un alza mayor en la productividad de las empresas.

"Si las empresas tienen un impacto negativo en su productividad y su competitividad, eso también tendrá un impacto negativo en la tasa de empleo", afirmó Castelo Branco.

Pese a las protestas de los sindicatos, los analistas no esperan sorpresas en la votación en la Cámara de Diputados, en la que el Gobierno cuenta con el apoyo firme de diez de los once partidos que forman su amplia coalición.