Advierten sobre inminente fallo desfavorable de Corte Suprema en venta de aguas tratadas

SANTIAGO.- La Corte Suprema estaría ad portas de pronunciarse sobre un tema que tendría consecuencias no menores en el mercado de las aguas en el país, en particular para la agricultura. Se trata de la discusión legal que existe sobre la propiedad de las aguas se quedan después del proceso de tratamiento que contempla el servicio de agua potable y alcantarillado en gran parte del país.

Algunas empresas sanitarias, como la propia Aguas Andinas en la Región Metropolitana, están reclamando para sí- y su posterior venta- las aguas resultantes del proceso de tratamiento; en cambio, los regantes afectados por la medida indican que la legislación dice que esas aguas deben ser devueltas a los cauces de las cuales provienen. Hay posturas legales, como la del Presidente de la Asociación de Abogados, Andrés Parra, quien sostiene que si alguien es el dueño de esas aguas es el consumidor que incluso ya pagó por el servicio de tratamiento, a parte del de la provision del agua potable y el alcantarillado.

El problema se originó por una determinación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que dejó un cierto vacío legal en la materia, materia que ahora será zanjada por el máximo tribunal.

La diputada Denise Pascal (PS) solidarizó con agricultores y canalistas- ante la eventualidad de un fallo adverso en el tema- y aseguró que sólo en Melipilla, Talagante y Mallarauco, en la zona que representa, se ven perjudicados entre 20 y 25 mil personas.

La parlamentario calificó el tema como una situación “preocupante” y que podría llegar a transformarse en una “verdadera catástrofe” para las zonas agrícolas del país, porque el tema sentaría un precedente legal para toda la industria sanitaria en el país. Además, esto se da en un momento de importante sequía en el país, que ha motivado incluso la adopción de medidas en el ámbito de la energía eléctrica.

En su calidad de integrante de la Comisión de Agricultura de la cámara la legisladora señaló que “espero que la Corte Suprema pueda corregir esta errónea interpretación que la Superintedencia ha aplicado sin ningún sustento jurídico. Puesto que según la ley las sanitarias están obligadas a devolver las aguas al cauce natural”.
 
En el caso particular de Talagante, Melipilla y Mallarauco, Pascal advierte que las aguas debieran volver al Río Mapocho. Sin embargo, comenta que hay ejemplos donde la Superintendencia ha fallado a favor de las sanitarias, como la situación de Aguas Chañar, en Copiapó, donde sobre la base de “presiones”, según advierte, se posibilitó que dicha sanitaria vendiera las aguas a empresas mineras, sin que estas volvieran a su cauce y hoy esa cuidad se está quedando sin agua.
 
“Hoy la ley es clara” asegura Pascal y agrega que “esta no entrega a las sanitarias la propiedad sobre las aguas, sino que todo lo contrario, las obliga a restituirlas. De manera que no se entiende porqué la Superintendencia llegó a una conclusión distinta”.
 
La parlamentaria recordó que hace un mes, junto a diputados de otras bancadas que integran la Comisión de Agricultura de la cámara, presentaron un proyecto de acuerdo en el que le solicitan al Presidente de la República su intervención, con el fin de regular de mejor manera el tema. Sin embargo, hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta.