Presidenta de Brasil ve lejana la construcción de hidroeléctrica en conjunto con Bolivia

BRASILIA.- La presidenta brasileña Dilma Rousseff admitió el martes que aún falta “mucha negociación” antes de echar a andar un proyecto de planta hidroeléctrica binacional con Bolivia sobre el amazónico río Madeira.

"Esa planta está en nuestro horizonte pero exigirá mucha negociación antes de ser decidida, porque se tiene que decidir cómo dividir la energía", declaró Rousseff en una entrevista con radioemisoras del estado de Rondonia, limítrofe con Bolivia.

Según la mandataria, "sería un avance" si se logra negociar durante su período de gobierno, que concluye en diciembre de 2014, las condiciones para la construcción de la planta en la frontera con Bolivia.

Precisó que en Brasil no hay dificultades porque cuenta con una línea de transmisión desde la región del río Madeira hacia el resto del país, pero Bolivia no tiene, por lo cual Brasil podría tener que comprar toda la energía que genere la planta binacional, denominada Guajará-Mirim. Ese es uno de los puntos conflictivos en la negociación, explicó.

Dicha usina forma parte del complejo hidroeléctrico del río amazónico que fluye desde Bolivia hacia Brasil, formada por cuatro generadoras, una de ellas en Bolivia, una en la frontera y dos en Brasil, que ya están avanzadas.

Rousseff visitó el martes el estado de Rondonia para la ceremonia del inicio del desvío de aguas del río hacia la planta hidroeléctrica de Santo Antonio, una de las dos en el lado brasileño.

Pese a las dificultades, la gobernante brasileña destacó la importancia de aprovechar todos los proyectos de integración energética con los países vecinos, en particular Argentina y Bolivia que son los de mayor potencial.

Las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau, en construcción en el lado brasileño del río, tendrán una capacidad instalada conjunta de 6.450 megavatios y son consideradas vitales para atender el crecimiento de la demanda energética en Brasil.

No obstante, su construcción generó críticas de ambientalistas y grupos de derechos humanos que alertaron de un impacto ecológico negativo en la Amazonía y por la cercanía de las obras con grupos indígenas que no han tenido contacto con personas fuera de su comunidad, y la ley brasileña exige mantenerlos intactos.