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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 07:24
LISBOA.- El Gobierno luso anunció hoy que ha conseguido ahorrar 170 millones de euros en negociaciones con varios bancos sobre las operaciones financieras especulativas realizadas por varias empresas públicas que podrían costarle 3.000 millones.
Tras una investigación del caso, que llevó el lunes a la dimisión de dos secretarios de Estado y antiguos gestores de las entidades implicadas, un miembro de Ejecutivo informó hoy de que ha llegado a varios acuerdos para "reducir cerca del 20% de las responsabilidades potenciales".
En una conferencia de prensa, la secretaria de Estado del Tesoro, María Luisa Albuquerque, explicó que Portugal se ahorrará 170 millones de las pérdidas asociadas a la contratación de operaciones 'swap' con variables de interés complejas.
Según la Secretaria de Estado, todavía están abiertas las negociaciones con algunas entidades y hay dos, el Banco Santander Totta, filial lusa del Santander español, y el estadounidense JP Morgan con los que no se llegó a un acuerdo y el Gobierno llevará el caso a los tribunales.
Albuquerque señaló que las negociaciones con las entidades bancarias que tenían contratos de productos financieros de riesgo con empresas públicas portuguesas se prolongaron durante cerca de dos meses.
El Gobierno hará valer la defensa de los intereses de los contribuyentes "con recurso ante los tribunales competentes" contra los bancos con los que no se llegue a un acuerdo, afirmó Albuquerque, que señaló la existencia de tres entidades más, no especificadas, que solicitaron más tiempo para ponderar la situación.
El caso de los 'swap' estalló el pasado lunes, cuando fueron sustituidos los dos secretarios de Estado, Paulo Braga Lino y Juvenal Silva Peneda, por su relación en la contratación de productos financieros especulativos cuando eran administradores del Metro de Oporto.
Según un informe oficial, los contratos acabaron por lastrar los resultados del Metro de Oporto en unos 800 millones de euros.
Se calcula que las operaciones similares realizadas por otras empresas públicas pueden causar pérdidas aun mayores para el Estado, sobre todo en el caso del Metro de Lisboa, donde están en juego unos 1.100 millones.
