La protesta fue convocada por organizaciones ambientalistas en Montevideo.
EFEMONTEVIDEO.- Varios centenares de personas protagonizaron este lunes una protesta en Montevideo contra la inminente firma de un acuerdo entre el gobierno uruguayo y la empresa minera Zamin Ferrous destinado a poner en marcha el proyecto Aratirí, una gigantesca mina de hierro a cielo abierto situada en el centro del país.
Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, fueron contenidos con inusuales medidas de seguridad en la capital uruguaya, que vio acordonada una cuadra en torno a la sede de la Presidencia.
"Pedimos que no se firme el contrato, que se ampara en una ley inconstitucional aprobada en el Parlamento solo con votos oficialistas y de urgencia, porque la empresa minera tenía urgencia", señaló Germán Parula, integrante de la Asamblea Pachamama Uruguay, una de las entidades que convocaron la movilización.
Añadió que el proyecto Aratirí pretende desarrollarse en una zona "fértil y productiva" y generará unos daños "inaceptables" sin que haya nada que pueda compensar si finalmente se pone en marcha.
Además de la manifestación, sectores políticos opositores al gobierno de José Mujica también plantearon su oposición al convenio. Este lunes, el directorio del opositor Partido Nacional (conservador) se pronunció contra la firma y exigió al Ejecutivo respetar la ley y los procedimientos existentes en materia minera.
El proyecto se instalará en un complejo que ocupará 6.210 hectáreas y será complementado por un mineroducto -una tubería para transportar el mineral- de 212 km y una nueva terminal portuaria sobre el Atlántico.
El objetivo de la trasnacional es exportar 18 millones de toneladas de hierro al año, dirigidos principalmente al mercado chino.
El acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero presiones ambientalistas y de grupos políticos obligaron al Ejecutivo a modificar las leyes mineras, para acomodarlas a una iniciativa minera que no tiene precedentes en Uruguay.
La nueva normativa, aprobada el año pasado, establece nuevas normas de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las rentas obtenidas por la venta del mineral.
Según las autoridades y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento del sector industrial en el país.
Sin embargo, los ambientalistas dudan de los planes gubernamentales, según los cuales Aratirí dejará el 50% de sus beneficios en el país a través de impuestos y cánones.
"Es una ilusión. Las mineras en América Latina no dejan más del 20% de sus ganancias y aquí dicen que dejará la mitad. Es sorprendente", dijo Parula.
Grupos ambientalistas también manifiestan sospechas sobre la aparente opacidad de Zamin Ferrous, un conglomerado que se presenta como una compañía global "independiente" con su cuartel general instalado en Dubai. También cuenta con oficinas en Londres (Reino Unido), Zug (Suiza), Beijing (China), Sao Paulo y Macapá (Brasil), Montevideo y Jakarta (Indonesia).
La firma fue fundada por Pramod Agarwal, nacido en India, quien fue presidente del grupo estadounidense Gerald Metals y habría incrementado su fortuna en la comercialización de materias primas de varias repúblicas que formaron la extinta Unión Soviética, según investigaciones periodísticas uruguayas.