EFE
SAO PAULO.- La Policía Federal (PF) brasileña investigará si la presidenta de la petrolera estatal Petrobras, María da Graça Foster, omitió informaciones durante una audiencia en una comisión del Senado que investiga irregularidades de la compañía en la compra de una refinería en 2006, informó hoy la prensa.
Los principales diarios del país, citando fuentes de la PF, indicaron que las autoridades abrieron un proceso de investigación contra Foster, quien en abril pasado declaró ante la comisión que el Consejo de Administración de la empresa no había sido responsable de la compra de la refinería Pasadena, en Texas, Estados Unidos.
En su declaración, la presidenta de Petrobras indicó también que su esposo, Colin Foster, "no tiene contratos con la estatal", pero entre 2007 y 2010, cuando ella era directora, cerró 42 ventas sin proceso de licitación, una situación que también será investigada por la PF, de acuerdo con la información.
La actual Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien en la época como ministra de Casa Civil (Presidencia) encabezaba el Consejo, admitió que el órgano aprobó un informe "técnicamente con fallas" para la compra de la refinería.
El viernes, el Consejo de Administración de Petrobras confirmó a Foster en la Presidencia de la mayor empresa de Brasil, en medio de versiones sobre su posible salida por las investigaciones de corrupción en torno a algunos negocios de la compañía.
Las versiones sobre la supuesta renuncia o destitución de Foster surgieron luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que también investiga una denuncia contra Petrobras por mala gestión, admitiera que estudia pedir el embargo de sus bienes por su presunta responsabilidad en una decisión que generó pérdidas para la empresa.
El TCU responsabilizó de los perjuicios económicos que causó a Petrobras la compra de una refinería en Estados Unidos en 2006 a los antiguos directores de la empresa, a quienes embargó los bienes y les ordenó a pagar una indemnización de US$ 792,3 millones.
Foster, pese a que formaba parte de la dirección en la época, inicialmente fue excluida de la investigación, lo que el tribunal atribuyó a un error que los magistrados del TCU pretenden corregir en una reunión que todavía no se ha programado.
En el polémico negocio, Petrobras compró la mitad del capital de la refinería por US$ 360 millones a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado US$ 42,5 millones por la totalidad de la planta.
Debido a una cláusula en el contrato, Petrobras fue forzada a desembolsar otros US$ 820 millones por la otra mitad del capital.
