SANTIAGO.- Esta jornada, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados reanudará su trabajo legislativo para comenzar a debatir el proyecto de reforma laboral.
Para esta jornada, la instancia legislativa recibirá a representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio y Servicios (Consfecove) y el economista Andrea Repetto.
Distintas fuentes de Gobierno, en reserva, según "El Mercurio", confidencian que si bien en el Ejecutivo hay "disposición" a introducir cambios al proyecto, la premisa es una: se deben respetar los 10 puntos de la iniciativa y que es en torno a esas temáticas -y no otras- donde debe enfocarse la discusión y las posibles modificaciones.
De esta forma, queda marginada la opción de incluir, por ejemplo, discutir sobre las indemnizaciones por año de servicio, una materia anhelada por la CPC y otros gremios, en pos de cambiar un sistema que consideran que rigidiza el mercado laboral. Y lo propio ocurre con la idea deseada por la CUT, de quitar del proyecto la adaptabilidad pactada, que permite que empleadores y trabajadores negocien la extensión de la jornada laboral.
Notificados los gremios empresariales de esta posición del Ejecutivo, sus baterías están dirigidas a lograr cambios -e indicaciones- en dos áreas del proyecto, que son las que más les inquietan: las nuevas atribuciones que se le otorgan a la Dirección del Trabajo y la mencionada adaptabilidad laboral, aseguran.
El proyecto de Reforma Laboral fortalece la capacidad operativa de dicho ente fiscalizador, de modo que la Dirección del Trabajo tenga nuevas funciones relacionadas con la solución de controversias, asistencia técnica a las partes y el poder calificar los servicios mínimos. Estos son las prestaciones básicas de los trabajadores que no se pueden detener aún en caso de huelga.
En el Gobierno, tras las conversaciones de los últimos dos meses con distintos gremios y expertos, están conscientes de que se le estaría dando un "excesivo rol tutelar" a la Dirección del Trabajo y por eso en este punto se abren a la posibilidad de cambios.
Respecto de la adaptabilidad pactada, la idea de los empresarios es resolver una incongruencia de la que, estiman, adolece la reforma.
Porque el proyecto tal como ingresó al Congreso exige un mínimo de sindicalización del 65% en una empresa para que esta pueda aplicar la adaptabilidad en la jornada laboral. Y, sin embargo, no existe similar exigencia de quórum o piso de sindicalización para que opere la titularidad sindical. Esta consiste en que el empleador solo puede negociar con el o los sindicatos, pero no con grupos negociadores paralelos.